El 16 de mayo de 2025, la jueza Daniella Camacho resolvió archivar la investigación previa contra el expresidente Guillermo Lasso en el denominado caso Flopec. La decisión se dio a solicitud de la fiscal general Diana Salazar. Ella determinó que no existían elementos suficientes que hagan presumir responsabilidad penal por presunto peculado o delincuencia organizada.
Este caso fue clave en la política ecuatoriana reciente, ya que constituyó la base para el juicio político que enfrentó Lasso en 2023. Dicho proceso derivó en la activación de la “muerte cruzada”, figura constitucional que permite al Presidente disolver la Asamblea Nacional y convocar a elecciones anticipadas.
La reacción de Guillermo Lasso
Tras conocerse el archivo del caso, el exmandatario rompió el silencio y expresó públicamente su postura. En su pronunciamiento, calificó al proceso como «un show político acompañado de una farsa mediática». Esto fue, según él, impulsado por intereses delictivos enquistados en la Asamblea Nacional de ese entonces.
Lasso manifestó sentirse en paz con su decisión de disolver la Asamblea. La describió como «plagada de corruptos al servicio del narcotráfico y el crimen organizado». Según sus palabras, esta medida fue necesaria para evitar que el país cayera en un abismo institucional.
Críticas al juicio político y a la Corte Constitucional
El expresidente arremetió contra los principales actores del juicio político. Mencionó a los legisladores Viviana Veloz, Pedro Zapata, Mireya Pazmiño, Rodrigo Fajardo y Esteban Torres como los promotores del proceso en su contra. A ellos los vinculó con fuerzas políticas y grupos delincuenciales que, además, se oponían a su propuesta de consulta popular realizada en febrero de 2023.
Asimismo, cuestionó duramente a la Corte Constitucional. Señaló a seis de sus jueces: Alí Lozada, Richard Ortiz, Daniela Salazar, Karla Andrade, Joel Escudero y Alejandra Cárdenas. Afirmó que estos magistrados pudieron frenar lo que calificó como «un ataque a la institucionalidad democrática». Sin embargo, prefirieron «lavarse las manos y mirar a otro lado».
El contrato de Flopec y los cuestionamientos iniciales
La acusación original sostenía que Lasso, como presidente, habría incurrido en peculado por omisión. Esto se debía a no terminar un contrato firmado por Flopec (Flota Petrolera Ecuatoriana) para el transporte de combustibles. Dicho contrato, suscrito con la empresa Amazonas Tanker, supuestamente causaba perjuicios económicos al Estado ecuatoriano.
No obstante, la Fiscalía no logró reunir evidencias suficientes para sostener tales acusaciones. Por lo tanto, se determinó cerrar el caso. Esta resolución deja sin sustento las denuncias que sirvieron de base para el juicio político. Además, refuerza la narrativa del expresidente sobre la instrumentalización de la justicia con fines políticos.
Implicaciones políticas de la resolución judicial
El archivo del caso Flopec podría significar una reivindicación para Lasso frente a sus detractores. Al mismo tiempo, es una crítica implícita a la actuación de la anterior Asamblea Nacional. Además, alimenta el debate sobre el uso de mecanismos legales con fines políticos, especialmente en contextos de alta polarización.
Con esta decisión judicial, el exmandatario busca consolidar su legado como un líder. Según su versión, enfrentó una estructura política corrupta. Esta estructura intentó destituirlo mediante artimañas legales y mediáticas.
Fuente: Ecuavisa
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