En el primer semestre de 2023, la ejecución del Plan Anual de Inversiones (PAI) apenas alcanzó el 24,5%, evidenciando los desafíos que enfrenta el Gobierno para impulsar la inversión pública en Ecuador. La burocracia, leyes obsoletas y la dependencia del petróleo son los principales factores que lastran la inversión y dificultan una rápida reactivación económica, especialmente en un contexto donde la inversión privada se mantiene estancada.
Entre enero y junio de 2023, solo seis entidades lograron una ejecución mayor al 40%, destacando el Ministerio de Gobierno con un impresionante 99,9% de ejecución. Por otro lado, ocho entidades registraron una ejecución inferior al 10%, siendo la Fiscalía General del Estado y el Ministerio del Interior las más rezagadas con apenas un 0,3% y 0,1% respectivamente.
El abogado y consultor en temas de contratación pública, Bernardo López, señaló que Ecuador enfrenta un problema estructural que no comenzó con el Gobierno de Guillermo Lasso. La contratación pública está excesivamente burocratizada y carece de una adecuada planificación, lo que se suma a redes clientelares y de corrupción que la lastran. Esta situación ha sido persistente incluso en épocas de bonanza petrolera, donde la ejecución del presupuesto de inversión en el primer semestre nunca superó el 50%.
Hasta el 30 de junio de 2023, el Gobierno solo ejecutó $505,44 millones de un total de $2.064,70 millones del Plan Anual de Inversiones, lo que representa en promedio alrededor de $84,24 millones por mes.
El ministro de Economía, Pablo Arosemena, reconoció que la ejecución pública ha mejorado, llegando al 24,5% en el primer trimestre de 2023, lo que supera el 17% alcanzado entre enero y junio de 2019. No obstante, el país sigue enfrentando una burocracia estancada y procesos lentos, lo que dificulta una mayor inversión y obra pública.
La economista e investigadora en temas de contratación pública, Andrea González, destaca que aunque se ha registrado una mejora en la ejecución, persisten trabas burocráticas y procesos prolongados que disminuyen la eficiencia en la inversión. Aunque el Gobierno ha propuesto reformas para agilizar los procesos, existe el temor de que estas iniciativas puedan quedar en nada si enfrentan obstáculos legales.
Un problema de fondo es que los escasos recursos del Estado se ven absorbidos por el gasto corriente, incluyendo sueldos, bonos, subsidios, intereses de deuda y transferencias corrientes. Este gasto corriente ya supera los $9.700 millones hasta junio de 2023, 19 veces más que el gasto en inversión y obra pública.
La historia ha demostrado que incluso en épocas de bonanza petrolera, la ejecución presupuestaria tampoco alcanzó niveles óptimos en el primer semestre. La dependencia de los ingresos petroleros y la capacidad de endeudamiento del Gobierno han sido determinantes en la inversión pública del país.
Para lograr una mejora significativa, se requiere un cambio integral tanto en la legislación como en la cultura y estructura de la función pública, fomentando una administración más eficiente y ágil de los proyectos de inversión. Solo así se podrá superar la dependencia del petróleo y dinamizar la economía con una inversión pública efectiva y sostenible.
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