- Fiscalía y Policía desarticularon una red de corrupción en los centros de acopio de evidencias de la PJ en Guayaquil.
- Chats periciados revelaron que uniformados utilizaban los patios como mecánicas clandestinas para comercializar autopartes.
- En 16 allanamientos fueron capturadas 13 personas, entre ellas diez policías en servicio activo y uno en servicio pasivo.
- Cinco gendarmes recibieron prisión preventiva en la Penitenciaría del Litoral procesados por presunta asociación ilícita.
Una investigación penal liderada por la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Dirección Nacional de Inteligencia de la Policía Nacional sacó a la luz una red de corrupción institucional enquistada en los centros de custodia de indicios del puerto principal. Las pericias forenses practicadas a teléfonos celulares interceptados confirmaron que dos patios de retención vehicular de la Policía Judicial de la Zona 8, situados en la avenida Rodríguez Bonín y en el sector de Chongón, funcionaban como talleres mecánicos clandestinos dedicados al desmantelamiento y venta de autopartes y repuestos de vehículos incautados.
Las diligencias se originaron en un informe reservado elaborado en enero de 2026, el cual alertaba sobre la alteración sistemática de evidencias procesales para favorecer a particulares y comercializar bienes bajo tutela judicial. La madrugada del 30 de septiembre de 2026, las unidades élite ejecutaron 16 allanamientos simultáneos en Guayaquil y cantones aledaños, logrando la captura de 13 personas, entre las cuales figuran diez policías en servicio activo, un agente en retiro y dos civiles que cumplían funciones de intermediación comercial.
Extracción de repuestos, adulteración de celulares y medidas cautelares
La transcripción de los chats periciados reveló diálogos explícitos donde ciudadanos coordinaban ingresos no autorizados a los canchones para sustraer tacómetros, desarmar neumáticos, cambiar piezas mecánicas de motocicletas e incluso ofertar un automóvil retenido en USD 12.000. Las conversaciones comprometieron a varios servidores policiales encargados de la guardia y aludieron a un civil conocido bajo el alias de «El Mecánico», quien ingresaba a las instalaciones de Chongón para seleccionar y retirar repuestos comercializables.
Además del desvalijamiento vehicular, los peritajes determinaron que la organización adulteraba y reseteaba teléfonos móviles y ordenadores portátiles incautados como pruebas en indagaciones contra el crimen organizado, en un contexto penitenciario y de seguridad pública donde las autoridades enfrentan severos desafíos de control carcelario como cuando se confirmó que un reo escapó del hospital Monte Sinaí burlando la custodia en Guayaquil en el marco de la vigilancia penitenciaria provincial.
Durante la audiencia de formulación de cargos en la Unidad de Flagrancia de Guayaquil, el juez de garantías penales dictó prisión preventiva para cinco policías en servicio activo, ordenando su reclusión en la Penitenciaría del Litoral. Para los restantes ocho implicados, la judicatura dispuso medidas alternativas consistentes en prohibición de salida del país y presentaciones periódicas dos veces por semana ante el fiscal de la causa, de conformidad con el Código Orgánico Integral Penal (COIP).
El mando de la Policía Nacional anunció la apertura inmediata de expedientes disciplinarios en la Dirección de Asuntos Internos para tramitar la destitución administrativa de los gendarmes involucrados, ratificando una política de depuración interna y cero tolerancia ante delitos cometidos por servidores de la institución.
Veedores de derechos ciudadanos han solicitado al Ministerio del Interior auditar de forma integral todos los centros de acopio de evidencias a escala nacional para evitar que elementos probatorios clave en juicios penales continúen siendo adulterados o sustraídos.
