- Padres de familia y docentes denuncian asedio constante de microtraficantes en exteriores de planteles fiscales.
- Distritos escolares en Nueva Prosperina, Pascuales y el sur de Guayaquil registran los mayores índices de riesgo.
- Grupos criminales reclutan menores de edad para acopio, vigilancia y distribución de sustancias ilícitas.
- Comunidades educativas exigen patrullajes preventivos permanentes y botones de auxilio escolar en Guayaquil.
La presencia y hostigamiento de redes de microtráfico asociadas a estructuras de delincuencia organizada mantienen en alerta constante a los comités de padres de familia y autoridades de unidades educativas fiscales en diversos sectores urbanos de Guayaquil. Informes y testimonios recopilados en los distritos Nueva Prosperina, Pascuales y el sur del cantón detallan que distribuidores armados abordan sistemáticamente a estudiantes durante las horas de entrada y salida de las jornadas matutina y vespertina, buscando inducirlos al consumo o utilizarlos en la cadena de expendio.
Representantes gremiales del magisterio advierten que los agresores operan en motocicletas y vehículos no identificados, ofreciendo sustancias sujetas a fiscalización en dosis pequeñas camufladas entre golosinas o útiles escolares. La situación de vulnerabilidad se agrava tras incidentes recientes en el puerto principal, tales como los episodios de inseguridad registrados en el entorno del Hospital Monte Sinaí, lo que evidencia la penetración de las bandas en infraestructuras de servicio social y espacios de convivencia ciudadana.
Estrategias de cooptación juvenil y rutas de distribución
Los reportes de inteligencia de la Policía Nacional del Ecuador señalan que las agrupaciones delictivas buscan cooptar a jóvenes de entre 12 y 16 años para utilizarlos como campaneros, transportistas de paquetes ilegales o cobradores de extorsiones escolares. Esta modalidad explota deliberadamente la condición legal de inimputabilidad penal que ampara a los menores en ciertas fases procesales, colocándolos en la primera línea de riesgo frente a organizaciones rivales.
Docentes de sectores vulnerables denuncian que las amenazas alcanzan a los propios educadores, quienes temen denunciar a expendedores identificados en los perímetros escolares debido a represalias armadas. En muchas instituciones, las puertas se cierran de inmediato tras el ingreso de los alumnos, pero el peligro se intensifica en los paraderos de transporte público urbano donde los estudiantes quedan expuestos a robos y captación clandestina.
Demandas urgentes de la comunidad educativa guayaquileña
Directivos de establecimientos educativos del suburbio guayaquileño han solicitado al Ministerio de Educación y a las brigadas de la Policía Comunitaria la activación formal del programa Escuelas Seguras de forma ininterrumpida y con presencia física verificable. Entre los requerimientos prioritarios constan el resguardo militar en corredores peatonales de alta afluencia, la instalación de cámaras de videovigilancia conectadas a la Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil y el ECU 911, y la provisión de alarmas comunitarias.
Asimismo, los comités de padres exigen la puesta en marcha de programas de intervención psicosocial y asesoramiento preventivo para alumnos en condiciones de riesgo socioeconómico crítico, señalando que la erradicación del tráfico en las escuelas constituye la única vía para preservar la integridad de la juventud y reconstruir el tejido social del puerto principal.
Líderes barriales y gremios cívicos de Guayaquil reiteran que la coordinación efectiva entre las instituciones locales y el gobierno central es la clave para superar las dificultades socioeconómicas y consolidar al puerto principal como un polo de prosperidad, cultura y seguridad.
