La lucha contra el robo de hidrocarburos en Ecuador entra en una nueva fase. La empresa estatal Petroecuador se ha fijado como meta reducir al menos en un 15 % la afectación económica provocada por perforaciones ilegales en su red de oleoductos y poliductos, mediante un convenio estratégico con el Ministerio del Interior.

Un convenio estratégico para proteger la energía del país
El acuerdo firmado entre ambas instituciones busca fortalecer las acciones de seguridad y control en la Red Nacional de Poliductos, Oleoductos y Gasoductos.
Este convenio permitirá el apoyo operativo de la Policía Nacional para proteger las instalaciones hidrocarburíferas y garantizar el abastecimiento de combustibles en todo el país.
Además, se contempla apoyo técnico y económico durante cuatro años a la Unidad de Investigación de Delitos Hidrocarburíferos (UIDH), especializada en investigar crímenes relacionados con el robo de combustibles.
$10 millones para inteligencia, tecnología y movilidad
El acuerdo incluye una inversión de 10 millones de dólares destinados a fortalecer las capacidades policiales en:
- Inteligencia especializada
- Tecnología de monitoreo
- Movilidad operativa
- Gestión investigativa
La gerente general subrogante de Petroecuador, María Daniela Conde, aseguró que no se trata de un gasto, sino de una “protección estratégica” con un objetivo claro: reducir al menos en un 15 % las pérdidas económicas asociadas a perforaciones clandestinas hasta el tercer cuatrimestre de 2026.
Por su parte, el ministro del Interior, John Reimberg, calificó el convenio como una decisión política firme para proteger los activos energéticos del país.
Sensores para detectar perforaciones en tiempo real
Como parte del plan, Petroecuador avanza en la modernización de los sistemas de automatización en los poliductos:
- Libertad–Pascuales
- Libertad–Manta
- Pascuales–La Troncal
La instalación de sensores en puntos estratégicos permitirá detectar caídas de presión en tiempo real, una señal clara de posibles perforaciones ilegales. Esto facilitará una respuesta rápida tanto del personal técnico como de la fuerza pública.
Un problema que ha generado derrames y pérdidas millonarias
Las perforaciones clandestinas no solo representan pérdidas económicas, sino también graves impactos ambientales. En octubre de 2025 se reportó un derrame en Esmeraldas causado por una intervención ilegal en el sistema de transporte de combustible.
Estos hechos evidencian la necesidad urgente de reforzar la seguridad energética y evitar que el crimen organizado afecte un sector clave para la economía nacional.
Fuente: El Universo
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