En una contundente y poco usual cadena nacional transmitida cerca de la medianoche del 4 de agosto de 2025, la ministra de Gobierno, Zaida Rovira. El presidente de la Asamblea Nacional. Niels Olsen, alzaron su voz contra la decisión de la Corte Constitucional de suspender provisionalmente varios artículos de tres leyes fundamentales para la política de seguridad del país.
Las leyes afectadas son la de Inteligencia, Integridad Pública y la de Solidaridad Nacional, aprobadas recientemente como parte del bloque de reformas impulsadas por el Gobierno de Daniel Noboa. En el marco del conflicto armado interno declarado para enfrentar a la delincuencia organizada.
Ambos funcionarios estuvieron acompañados por representantes del Bloque de Seguridad, entre ellos miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Para subrayar la gravedad que, a su juicio, implica la decisión de la Corte.
Una crítica frontal a la Corte Constitucional
Zaida Rovira fue enfática al señalar que la Corte le debe una explicación al país, no solo jurídica, sino también política y moral. Criticó duramente el hecho de que la comunicación oficial sobre la suspensión haya llegado mediante un simple boletín en redes sociales. Lo que consideró una forma de deslegitimar normas que habían sido aprobadas con el respaldo del Legislativo y el Ejecutivo.
«La Corte Constitucional le debe una explicación al país. Una explicación con cara, con fundamentos», afirmó Rovira.
La ministra lamentó que la decisión afecte directamente a los cuerpos de seguridad, quienes, según ella, pierden respaldo legal para combatir al crimen organizado en medio de una crisis sin precedentes. También consideró que la medida deja en indefensión a la ciudadanía y priva al país de herramientas legítimas de lucha contra la impunidad y la inseguridad.
¿Qué artículos fueron suspendidos?
Aunque no se detallaron públicamente todos los artículos afectados, se sabe que al menos 17 disposiciones fueron suspendidas de manera provisional. Estas están relacionadas con aspectos claves de la política de inteligencia estatal, el fortalecimiento de instituciones públicas y la articulación de esfuerzos financieros en el marco del denominado conflicto armado interno.
La suspensión responde a la admisión de demandas de inconstitucionalidad interpuestas por diversos sectores que consideran que las leyes vulneran derechos fundamentales, el debido proceso o principios democráticos.
Niels Olsen: “¿Quién se hace cargo?”
Desde la Asamblea Nacional, el presidente del Legislativo, Niels Olsen, defendió con firmeza el trabajo realizado por el Parlamento. Recordó que las leyes fueron aprobadas con mayoría clara y que se trata de instrumentos exigidos por la ciudadanía.
«A la ciudadanía que nos ve, le corresponde saber: ¿quién responde por esta suspensión? ¿Quién se hace cargo de haber dejado sin efecto herramientas legales que ya eran ley de la República?», cuestionó Olsen.
Además, expresó que no se puede permanecer neutral ante decisiones que debilitan el aparato estatal en su lucha contra el crimen. “O se está del lado de quienes defienden a nuestro país, o del lado de quienes les quitan las herramientas para dárselas a los criminales. Los enemigos del pueblo”, sentenció.
Un conflicto de poderes en desarrollo
El pronunciamiento de Rovira y Olsen es una clara señal del creciente conflicto institucional entre la Corte Constitucional y los otros poderes del Estado. Desde el Gobierno y la Asamblea se insiste en que las leyes forman parte de una política integral de seguridad nacional. Mientras que la Corte mantiene su rol de garante del respeto a la Constitución y de los derechos humanos.
La tensión se da en un contexto donde el Ejecutivo ha tomado medidas de excepción. Ha militarizado zonas conflictivas y ha elevado el tono en su lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.
La suspensión de artículos clave en las leyes de seguridad por parte de la Corte Constitucional ha generado una crisis política y jurídica de alta relevancia. El Gobierno y la Asamblea han salido en defensa de las normas aprobadas. Advirtiendo que se está debilitando la lucha contra la criminalidad y dejando a las instituciones sin herramientas fundamentales. En medio de esta disputa, la ciudadanía observa con incertidumbre un conflicto entre poderes que podría marcar el rumbo institucional del país en los próximos meses.
Fuente: Primicias
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