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Gobierno suspende temporalmente proyecto minero Loma Larga hasta que se difunda su Plan de Manejo Ambiental

El Gobierno ecuatoriano suspende temporalmente el proyecto minero Loma Larga

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El Ministerio de Energía y Minas condiciona el inicio de la explotación minera al cumplimiento del principio de transparencia. Actualmente, el Gobierno ecuatoriano suspende temporalmente el proyecto minero Loma Larga hasta que se publique su Plan de Manejo Ambiental.

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El proyecto minero Loma Larga, liderado por la empresa canadiense Dundee Precious Metals, no podrá avanzar hacia su fase de explotación hasta que se publique de forma accesible su Plan de Manejo Ambiental. Así lo determinó el Ministerio de Energía y Minas mediante un oficio firmado por su titular, Inés Manzano.

 “Escuchamos a los ciudadanos y sus preocupaciones, asegurando la legalidad, transparencia y la protección ambiental”, expresó Manzano en su cuenta oficial en X, donde compartió el documento enviado a la empresa.

Aunque Dundee Precious Metals ya cuenta con la Licencia Ambiental bajo el régimen de Gran Minería, el Gobierno ha condicionado su aplicación al cumplimiento del principio de transparencia establecido en el Código Orgánico Administrativo. Según el artículo 12 de esta norma, toda información de interés público debe estar disponible para la ciudadanía.

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Difusión obligatoria del Plan Ambiental

La autoridad exige que el Plan de Manejo Ambiental se presente de forma clara y accesible. Esto incluye:

  • Uso de recursos visuales como mapas e infografías.
  • Explicación detallada de las medidas de protección hídrica.
  • Acceso libre desde la página web oficial de la empresa.

Aunque el Estudio de Impacto Ambiental y el Plan de Manejo ya fueron aprobados por el Ministerio, la normativa vigente impide que cualquier proyecto extractivo se active sin antes difundir esta información.

Zona ecológica bajo vigilancia

Loma Larga se ubica en una zona de alta sensibilidad ecológica, en la provincia del Azuay. Diversas organizaciones sociales y ambientales han manifestado su preocupación por los posibles impactos sobre el territorio y las fuentes de agua.

La decisión del Gobierno responde a una creciente demanda ciudadana por mayor transparencia y protección de las zonas de recarga hídrica, fundamentales para el bienestar comunitario y el desarrollo agrícola.

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