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Gobierno suspende cuatro concesiones mineras chinas por incumplimientos ambientales en Napo

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El Gobierno ecuatoriano informó este miércoles la suspensión de las actividades de exploración y explotación en cuatro concesiones mineras. Estas son operadas por la empresa china Terraearth Resources S.A., ubicadas en la provincia amazónica de Napo.

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La decisión se sustenta en informes técnicos del Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE), que confirmaron violaciones a la normativa ambiental y sectorial vigente.

Concesiones del proyecto Tena, bajo revisión

Las concesiones afectadas son Talag, Confluencia, Anzu Norte y El Icho, todas parte del proyecto minero Tena. El Ministerio de Energía y Minas resolvió la suspensión tras constatarse el incumplimiento del plan de manejo ambiental aprobado. Además de otras obligaciones establecidas en la licencia ambiental correspondiente.

“La suspensión se mantendrá hasta que el MAATE levante la suspensión de la Licencia Ambiental”, precisó la cartera de Estado en un comunicado oficial.

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Empresa china deberá asumir medidas de reparación

El Gobierno entregó la notificación de suspensión a la empresa Terraearth Resources, titular de las concesiones, que ahora debe cumplir con las medidas correctivas de reparación ambiental impuestas por las autoridades.

El Gobierno reiteró que mantiene un seguimiento permanente para garantizar que la actividad minera se desarrolle bajo principios de responsabilidad ambiental y respeto a las comunidades locales.

Ministro reitera compromiso con minería responsable

“El Gobierno trabaja de manera permanente en el control y vigilancia de las actividades mineras, con el fin de consolidar una industria ambientalmente sostenible”, destacó el Ministerio de Energía.

Gobierno

Contexto de violencia en zonas mineras

La medida también se da en un contexto de tensión por la minería ilegal en provincias amazónicas como Orellana y Napo. En esta última, once militares fueron asesinados recientemente durante un operativo contra actividades ilegales.

El Gobierno responsabiliza del ataque al grupo Comando de la Frontera, disidentes de las FARC. Aunque en Colombia circuló un comunicado atribuido a esa organización en el que niegan su participación en la emboscada.

Fuente: Infobae

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