El Ministerio de Ambiente y Energía publicó un boletín alarmante que acusa a Interagua de contaminar el río Daule con coliformes y metales pesados. El documento, acompañado de un polémico mapa con “caca”, revive una disputa entre el Gobierno y la concesionaria por la calidad del agua en Guayaquil.
Un nuevo enfrentamiento entre el Gobierno y la concesionaria del agua
El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Ambiente y Energía (MAE), volvió a poner bajo la lupa a la gestión del agua en Guayaquil. El 7 de noviembre de 2025, la institución emitió un boletín titulado “Agua con caca, agua con detergente, agua con metales, agua contaminada”. En él, se denuncia una grave contaminación del río Daule, fuente principal de abastecimiento de la ciudad.
Según el comunicado, los niveles de contaminación superarían en 80 veces los límites permitidos por la normativa ambiental ecuatoriana. La cartera de Estado advirtió que las descargas de aguas residuales y los procesos de captación presentan parámetros fuera de norma desde 2016. Esto implicaría una afectación continua al ecosistema y a la salud pública.
El polémico informe del Ministerio de Ambiente
El boletín N.º 108 del MAE, basado en datos de la Agencia de Regulación y Control del Agua (ARCA), acusa directamente a Interagua. Esta es la concesionaria del servicio de agua potable y alcantarillado de Guayaquil. La acusan de contaminar los puntos de captación en la planta La Toma.
Entre las irregularidades detectadas, el informe señala:
- Sólidos suspendidos y aluminio en concentraciones entre 23 y 25 veces por encima del límite permitido.
- Coliformes fecales (E. coli) que superan hasta 80 veces la norma en puntos de descarga como Guayacanes–Samanes.
- Metales pesados como zinc, cobre, cromo y plomo fuera de rango.
El documento incluye además un mapa ilustrado con excremento (“caca”) sobre el río Daule. Esta representación gráfica ha generado gran controversia en redes sociales por su tono y estilo comunicacional poco habitual para una institución estatal.
Riesgos para la salud pública
El informe cita al Dr. Luis Monteverde, experto en temas sanitarios, quien advierte que “hervir el agua no elimina los metales, plaguicidas ni compuestos químicos” presentes en el líquido. Según el especialista, el consumo prolongado de agua contaminada podría derivar en enfermedades gastrointestinales, infecciones y hasta casos de cáncer en la población.
Monteverde sostiene que el riesgo es alto debido a la exposición continua. Además, recomienda una revisión técnica urgente de los procesos de potabilización. También sugiere una auditoría independiente de los resultados emitidos por ARCA y el MAE.
Acciones legales y sanciones
El Ministerio de Ambiente informó que ya ha iniciado procesos administrativos, sancionatorios y penales contra las entidades gestoras del agua en Guayaquil. Las medidas incluyen:
- Multas de USD 46.920 impuestas a EMAPAG-EP e Interagua por irregularidades detectadas en las plantas Sauces–Alborada y Guayacanes–Samanes.
- Denuncias penales presentadas ante la Fiscalía General del Estado contra Interagua, EMAPAG y el GAD Municipal de Guayaquil por presuntos delitos contra el agua (febrero 2024 y octubre 2025).
- Nuevos procesos sancionadores por reincidencia en los incumplimientos ambientales detectados durante los monitoreos de octubre de 2025.
El MAE enfatizó que no se trata de una disputa política, sino de un problema de salud y medio ambiente. Insistió en que las empresas deben responder ante la ciudadanía.
Una historia que se repite: la controversia de abril de 2025
Este nuevo enfrentamiento revive una disputa ocurrida en abril de 2025, cuando la bancada oficialista ADN denunció. También basándose en informes de ARCA, que los habitantes de Guayaquil estarían consumiendo agua “venenosa” por supuestos incumplimientos en parámetros de cloro y pH.
En esa ocasión, Interagua respondió de forma categórica. Su vocera, Ilfn Florsheim, presentó estudios independientes que contradecían las mediciones de ARCA. Según la empresa, demostraban que los resultados habían sido manipulados o recogidos sin los protocolos técnicos adecuados. Florsheim criticó duramente el intento de “politizar un tema técnico”. Defendió el cumplimiento de la normativa sanitaria.
Ahora, con este nuevo informe, la tensión entre el Gobierno central, la empresa concesionaria y el Municipio de Guayaquil vuelve a crecer. Este ocurre en un contexto de desconfianza pública y debates sobre la gestión ambiental en la urbe más poblada del país.
Expectativa por la respuesta de Interagua y Emapag
Hasta el cierre de este informe, Interagua y Emapag-EP no habían emitido un pronunciamiento oficial sobre las nuevas denuncias del Ministerio de Ambiente. Se espera que las entidades respondan con sus propios análisis técnicos y cifras actualizadas.
Mientras tanto, expertos en derecho ambiental señalan que, si se comprueba la veracidad de las acusaciones, las sanciones podrían incluir la suspensión temporal de licencias y responsabilidades penales para los responsables directos.
El conflicto entre el Gobierno y las entidades operadoras del agua en Guayaquil se perfila así como uno de los casos ambientales más polémicos de los últimos años. Tiene impacto directo en la confianza ciudadana y en la percepción de la calidad del agua que llega a los hogares.
Fuente: Diario Expreso
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