El 19 de octubre de 2025, el Gobierno ecuatoriano anunció oficialmente la ruptura del proceso de diálogo con el sector indígena. Esto ocurrió en el marco del paro nacional que ya suma casi un mes de duración. La decisión, comunicada por el Ministerio de Gobierno, sorprendió a las comunidades de Imbabura. También sorprendió a diversos sectores sociales que esperaban el inicio de las mesas de diálogo previstas para el 20 de octubre.
Según el comunicado oficial, “no existen condiciones para continuar con el proceso de diálogo». Los movimientos indígenas habrían incumplido los compromisos asumidos. Además, habrían alterado los términos previamente acordados.
La postura del Ministerio de Gobierno
Zaida Rovira, ministra de Gobierno, sostuvo que el Ejecutivo “no aceptará presiones ni chantajes”. Aseguró que actuará con firmeza y dentro del marco legal para garantizar la tranquilidad del país. La funcionaria señaló que las nuevas exigencias de los dirigentes indígenas modificaron los acuerdos alcanzados con anterioridad. También introdujeron nuevos actores en la negociación. El Gobierno también acusó a las organizaciones de mantener bloqueadas las vías y de no haber regresado a sus comunidades. Esto, pese a los compromisos adquiridos en la reunión del 15 de octubre con el entonces ministro del Interior, John Reimberg. La situación ha incrementado la tensión nacional.
Expectativas frustradas en torno a las mesas de diálogo
Previo al anuncio, existía expectativa en la provincia de Imbabura. Allí se habían realizado múltiples reuniones comunitarias para coordinar la instalación de las mesas técnicas de diálogo. El Comité de Operaciones de Emergencia (COE) de Otavalo incluso había expresado su disposición para apoyar el proceso y garantizar la seguridad de los encuentros. Sin embargo, con la ruptura del diálogo, todas las gestiones quedaron suspendidas. Los pueblos kichwas habían anunciado que las conversaciones se realizarían en sus comunidades. Mientras tanto, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) y la Confeniae ratificaron su permanencia en movilización indefinida, lo cual refuerza la tensión nacional.
Relevo en la negociación: salida de John Reimberg
La participación del ministro del Interior, John Reimberg, también generó controversia. Tras haber declarado el fin del paro en Imbabura luego de una reunión con líderes indígenas, las bases rechazaron su intervención. Esto llevó al Ejecutivo a designar a Zaida Rovira como nueva representante del Gobierno en el proceso. A Rovira la acompañaría Harold Burbano, ministro de Desarrollo Humano. Sin embargo, el nuevo equipo no alcanzó a iniciar las conversaciones antes de que se produjera la ruptura definitiva. Este relevo en medio de la tensión nacional no fue bien recibido.
Imbabura continúa completamente bloqueada
El ECU 911 informó que, hasta la noche del 19 de octubre, las once vías principales de la provincia de Imbabura permanecían cerradas por los manifestantes. El Parlamento Indígena local resolvió que no se levantarían los bloqueos mientras no exista un acuerdo formal con el Gobierno. Los cierres han afectado el tránsito, el abastecimiento de productos y la atención médica en varios cantones de la Sierra norte. Esto ha profundizado la tensión social, un reflejo de la tensión nacional.
Exigencias de las comunidades indígenas
Las organizaciones de Imbabura han mantenido una serie de demandas. Encabezadas por la derogatoria del Decreto Ejecutivo 126, que eliminó el subsidio al diésel. Como alternativa, plantearon congelar el precio del combustible en 2,80 dólares por galón, un valor superior al existente antes del paro. Además, exigen la liberación de los detenidos durante las protestas —incluidos los denominados “12 de Otavalo”— y la investigación de los abusos policiales. Estos habrían provocado la muerte de dos manifestantes y varios heridos. Aunque el Gobierno ya trasladó a los 12 detenidos a una cárcel en Imbabura y liberó a algunos manifestantes, las organizaciones insisten en que no hay garantías de justicia. Ni de cumplimiento integral de los acuerdos en este clima de tensión nacional.
Quito: epicentro de nuevas protestas
En paralelo, en Quito se registraron enfrentamientos entre manifestantes y la fuerza pública en el sector de San Miguel del Común, al norte de la ciudad. Los bloqueos de la Panamericana Norte derivaron en la intervención de unidades policiales y militares. Videos difundidos en redes sociales mostraron presuntas detenciones dentro de viviendas, lo que generó preocupación entre los habitantes. La Policía Nacional, por su parte, informó que detuvo a un individuo por “actos violentos con objetos contundentes y bombas incendiarias artesanales”. San Miguel del Común se ha convertido en uno de los puntos de mayor conflictividad durante el paro, aumentando la percepción de tensión nacional.
Un conflicto aún sin salida visible
La decisión del Gobierno de romper el diálogo con el movimiento indígena marca un punto crítico en la actual crisis nacional. Con el bloqueo de carreteras, la paralización de actividades productivas y el descontento social en aumento, la posibilidad de alcanzar un acuerdo parece cada vez más lejana. Mientras tanto, las organizaciones indígenas aseguran que mantendrán su movilización hasta obtener una respuesta concreta a sus demandas. El Gobierno insiste en que no cederá a presiones que pongan en riesgo el orden público, subrayando la tensión nacional.
Fuente: El Mercurio
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