El Gobierno de Ecuador desmintió este lunes 18 de agosto haber destinado recursos estatales para la marcha encabezada por el presidente Daniel Noboa el pasado 12 de agosto. La marcha fue en rechazo a la Corte Constitucional (CC) luego de que este tribunal suspendiera parcialmente varias leyes impulsadas por el Ejecutivo.
El pronunciamiento oficial del Gobierno
La portavoz presidencial, Carolina Jaramillo, aseguró en su rueda de prensa semanal que «no hay erogación de fondos públicos» relacionados con la movilización. Según sus declaraciones, los funcionarios participaron por voluntad propia. En el caso de los ministros, lo hicieron con permisos y bajo la modalidad de vacaciones.
“El presidente hizo la convocatoria y está orgulloso de que la gente se haya autoconvocado por una causa que consideramos justa”, enfatizó Jaramillo. Ella destacó que el respaldo ciudadano no fue organizado con recursos estatales.
Controversia por las vallas contra los jueces
Durante la manifestación aparecieron en Quito varias vallas publicitarias con las imágenes de los nueve jueces de la Corte Constitucional. A ellos se les acusaba de “robar la paz” a los ciudadanos. Frente a las críticas, la vocera de la Presidencia negó que el Ejecutivo estuviera involucrado en la instalación o financiamiento de estas piezas.
“No tengo conocimiento de quién financió las vallas”, aseguró Jaramillo, descartando que exista participación directa del Gobierno en dichas acciones.
Denuncias periodísticas y metadatos en disputa
La polémica se amplió luego de que el diario Expreso publicara una investigación que vinculaba a una funcionaria de la Presidencia con la organización Ecuador Merece Paz. Esta organización se atribuía la autoría de las vallas. El medio señaló que un archivo de prensa difundido por esa agrupación tenía como metadatos el nombre de una funcionaria del Ejecutivo.
Ante esto, Jaramillo respondió que los metadatos “son modificables en cualquier momento y desde cualquier computadora”. Por lo tanto, no constituyen una prueba que confirme la autoría gubernamental.
El trasfondo: leyes suspendidas por la Corte Constitucional
La marcha convocada por el presidente Noboa ocurrió después de que la Corte suspendiera artículos clave de las leyes de Solidaridad, Inteligencia e Integridad Pública. Estas leyes fueron aprobadas por la Asamblea Nacional.
Entre los puntos cuestionados se encontraban:
- El “indulto anticipado” para policías y militares.
- El acceso de agentes encubiertos con identidades falsas.
- La posibilidad de que el sistema de inteligencia solicite información privada a las operadoras telefónicas.
El Ejecutivo defendió estas normas como herramientas necesarias para combatir la crisis de seguridad en Ecuador. Sin embargo, organizaciones sociales y de derechos humanos denunciaron que atentaban contra derechos fundamentales.
Reacciones nacionales e internacionales
Las decisiones del Gobierno y el clima de confrontación con la Corte Constitucional generaron fuertes reacciones. Diversas organizaciones, como Amnistía Internacional, Human Rights Watch, la CIDH y el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, rechazaron los ataques y hostigamientos hacia los jueces constitucionales. Estas organizaciones pidieron al Ejecutivo que respete la independencia judicial.
El Gobierno de Ecuador enfrenta un escenario de alta tensión política e institucional tras la suspensión de artículos clave de las leyes impulsadas por el presidente Noboa. Mientras el Ejecutivo insiste en que la movilización fue ciudadana y voluntaria, la polémica por las vallas y las denuncias periodísticas mantienen viva la sospecha. Podría haber un posible uso indirecto de recursos estatales. La comunidad internacional, en cambio, ha hecho un llamado claro: proteger la independencia de la justicia como pilar democrático.
Fuente: Teleamazonas
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