El Gobierno de Ecuador, bajo la administración del presidente Daniel Noboa, ha anunciado la implementación de un plan inédito de fiscalización. Este plan busca frenar la evasión fiscal en la compra y venta de acciones en el país. La iniciativa será liderada por el Servicio de Rentas Internas (SRI). Tiene como objetivo controlar de manera rigurosa el cumplimiento del pago del Impuesto a la Renta Única (IRU). Este impuesto grava con el 10% la utilidad obtenida por los accionistas en estas transacciones.
La medida, presentada el 16 de junio de 2025 por Carolina Jaramillo, vocera de la Presidencia, busca corregir años de falta de control en este ámbito. La evasión se ha convertido en una práctica recurrente y perjudicial para el erario público.
Un universo de evasores identificados
De acuerdo con la información oficial, hasta la fecha solo 300 contribuyentes han declarado voluntariamente las utilidades obtenidas por la transferencia de acciones. Esto ha representado una recaudación promedio de 30 millones de dólares anuales. No obstante, el SRI ha detectado un universo mucho mayor de posibles evasores.
Según datos de la vocería gubernamental, se han identificado al menos 6,000 contribuyentes que no han cumplido con esta obligación tributaria. Muchas de estas personas o empresas habrían incurrido en maniobras irregulares. Por ejemplo, la subvaloración intencionada del precio de las acciones para reducir artificialmente la carga impositiva correspondiente.
Caso emblemático: subvaloración de acciones en empresa de telecomunicaciones
Durante la rueda de prensa, se expuso un caso representativo para ilustrar el tipo de fraude que se pretende combatir. Se mencionó la transferencia de acciones dentro de una empresa del sector de telecomunicaciones. En este caso, un hijo vendió sus acciones a su padre por tan solo 58 dólares por acción. Sin embargo, el precio real del mercado de dichos títulos era significativamente mayor.
Según las autoridades, esta transacción habría causado un perjuicio fiscal de aproximadamente 6,6 millones de dólares. Si bien no se revelaron los nombres de los involucrados, el Gobierno advirtió que estas prácticas se consideran una forma de defraudación tributaria.
Un daño millonario al Estado
El uso de esquemas simulados para transferir acciones por debajo de su valor real impide que el Estado recaude lo que le corresponde por ley. Esta omisión sistemática genera una pérdida significativa para las arcas fiscales, recursos que podrían destinarse a programas sociales, salud, educación e infraestructura.
El SRI ha reiterado que estas maniobras no solo constituyen infracciones tributarias, sino también delitos penales. El Código Orgánico Integral Penal (COIP) sanciona con hasta 10 años de prisión cualquier acto de simulación, falsedad, engaño u ocultamiento. Estos actos perjudican a la administración tributaria.
Objetivo: 50 millones de dólares en recaudación para 2025
Con el inicio inmediato de esta fiscalización masiva, el Gobierno se ha planteado como meta una recaudación de al menos 50 millones de dólares en lo que resta del año 2025. El proceso incluirá auditorías tributarias, cruces de información societaria, y revisión detallada de las operaciones accionarias realizadas en los últimos años.
El mensaje del Ejecutivo es claro: se terminará la tolerancia con prácticas evasivas, y se establecerá un nuevo estándar de transparencia y responsabilidad fiscal en las actividades empresariales.
Un llamado a la legalidad y la transparencia
El Gobierno ha hecho un llamado a todos los accionistas y empresas a regularizar su situación fiscal de manera voluntaria antes de que inicien las sanciones. Se espera que esta medida contribuya a fortalecer la cultura tributaria en el país. Además, se busca que marque un precedente para el control de otras operaciones económicas sensibles.
La fiscalización de las utilidades en la transferencia de acciones representa un paso firme en el combate a la evasión. También en la consolidación de un sistema fiscal más justo. Se busca que quienes más ganan también contribuyan proporcionalmente al desarrollo nacional.
Fuente: El comercio
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