El Gobierno Nacional señaló que el alcalde de Cuenca, Cristian Zamora, y el prefecto de Azuay, Juan Cristóbal Lloret, deberán asumir la responsabilidad de las consecuencias derivadas de la revocatoria de la licencia ambiental del proyecto minero Loma Larga. Este se ubica en Quimsacocha, en una zona muy importante para la región.
La decisión fue anunciada el 4 de octubre de 2025 por el Ministerio de Ambiente y Energía, que informó sobre la anulación del permiso ambiental otorgado a la empresa canadiense Dundee Precious Metals (DPM). Esta medida se adoptó luego de analizar los informes técnicos remitidos por los gobiernos locales, especialmente los relacionados con Loma Larga.
La posición del Gobierno Nacional
Durante el espacio informativo de la Función Ejecutiva, la vocera de la Presidencia, Carolina Jaramillo, explicó que la revocatoria responde directamente a la documentación presentada por las autoridades locales.
“Tienen una enorme responsabilidad de la decisión que se ha tomado”, manifestó Jaramillo. Ella destacó que el Ejecutivo actuó en base a los reportes entregados por la Alcaldía de Cuenca y la Prefectura del Azuay, donde se destacaba el impacto del proyecto Loma Larga.
La funcionaria reiteró que el presidente Daniel Noboa cumplió su palabra de actuar conforme a los intereses de la ciudadanía cuencana y a los compromisos ambientales asumidos. “Con los cuencanos y Cuenca no se juega. Hay que estar expectantes de lo que hagan las autoridades”, enfatizó, refiriéndose también al futuro de Loma Larga.
Detalles de los informes locales
Los informes elaborados por los gobiernos locales advertían posibles riesgos de contaminación en las fuentes hídricas del páramo de Quimsacocha. Según la información compartida, el entonces Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE) y la Empresa Pública Municipal de Telecomunicaciones, Agua Potable, Saneamiento y Gestión Ambiental (Etapa EP) habían identificado peligros ambientales, pero dichos documentos fueron archivados en Quito sin mayor trámite, incluyendo sus observaciones sobre Loma Larga.
Por su parte, la Prefectura del Azuay presentó un estudio previo a la emisión de la licencia. Concluyeron que el proyecto no era compatible ni viable en la zona por su fragilidad ecológica y su relevancia como área de recarga hídrica, aspectos especialmente sensibles por ser parte de Loma Larga.
Reacciones y contexto social
Tras la revocatoria, en Cuenca se desarrolló una manifestación en rechazo al proyecto minero. Fue considerada una victoria simbólica por los movimientos sociales y colectivos ambientales que durante años han defendido el agua del páramo. La decisión de cesar las operaciones de Loma Larga refuerza esta percepción de victoria.
Mientras tanto, el Gobierno Nacional difundió un comunicado en el que remarcó que las autoridades locales deberán responder por la veracidad, consistencia y responsabilidad técnica de los informes presentados ante el Ejecutivo. Estos fueron determinantes para proceder con la revocatoria del proyecto Loma Larga.
El futuro de la minería en Azuay
El caso de Loma Larga se suma a la creciente tensión entre el desarrollo minero y la protección ambiental en el Azuay. La decisión del Gobierno refuerza el mensaje de que los proyectos extractivos deberán ajustarse a estrictos parámetros ambientales. También, al mandato ciudadano expresado en la consulta popular de 2021, donde los cuencanos prohibieron la explotación minera en zonas de recarga hídrica.
La discusión, sin embargo, continúa abierta: mientras sectores productivos advierten sobre el impacto económico de detener inversiones, los movimientos ciudadanos celebran lo que consideran un triunfo de la soberanía ambiental local.
Fuente: El Universo
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