La Asamblea Nacional aprobó, a última hora y sin mayor debate, una disposición incluida en la reforma a la Ley de Minería y Energía. Dicha disposición cambia las reglas para la extracción de materiales de construcción en Galápagos.
La norma prohíbe de manera expresa la minería dentro del Parque Nacional Galápagos. Sin embargo, permite que los municipios otorguen permisos para la extracción de áridos y pétreos en zonas de aprovechamiento sustentable fuera del área protegida.
La decisión ha generado un fuerte debate ambiental, jurídico y político.
¿Qué establece exactamente la reforma?
El texto incorporado en el segundo debate señala que en Galápagos solo podrán otorgarse permisos de libre aprovechamiento y extracción de áridos y pétreos destinados a la construcción. Estos permisos solo se podrán otorgar dentro de Zonas de Aprovechamiento Sustentable (ZAS) y fuera del Parque Nacional.
Además, prioriza principios de economía circular, reutilización y reciclaje de materiales.
Lo polémico es que este artículo no formaba parte del proyecto original enviado por el Ejecutivo. En cambio, fue añadido en el informe para segundo debate.
Ministerio del Ambiente: “No se abre la puerta a minería en el Parque”
La ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, fue enfática en que dentro del Parque Nacional no puede existir minería.
Explicó que históricamente hubo explotación incluso dentro del área protegida. Sin embargo, desde 2025 se ordenó el cierre de todas las minas, incluida una que operaba dentro del Parque.
Según la funcionaria, los permisos fuera del área protegida seguirán requiriendo licencia ambiental y estudios técnicos rigurosos.
También anunció medidas para que, hacia 2030, el 50% de los materiales de construcción en las islas provenga de economía circular.
Asambleístas alertan riesgo de expansión urbana
La asambleísta Verónica Íñiguez advirtió que la disposición podría fomentar la expansión urbana en un territorio ecológicamente frágil.
Aunque reconoció la escasez de materiales tras el cierre de una cantera pública, sostuvo que permitir la extracción privada sin controles claros puede agravar los impactos ambientales.
Por su parte, el asambleísta David Arias defendió la reforma y aseguró que no autoriza minería metálica. Más bien, autoriza extracción controlada de materiales para construcción, con criterios de sostenibilidad y reducción de costos logísticos.
Arias argumentó que la medida busca atender necesidades locales y proteger fuentes de empleo vinculadas al transporte y la construcción.
Expertos advierten ambigüedad legal
El abogado ambientalista Hugo Echeverría señaló que el problema central es la ambigüedad del texto.
Según su análisis, la redacción no deja claro si los permisos podrán ser otorgados también a privados. Esto podría abrir interpretaciones amplias en la normativa secundaria.
Además, recordó que Galápagos tiene un régimen especial de administración con base constitucional y es Patrimonio Natural de la Humanidad. Esto implica obligaciones internacionales que no fueron debatidas a profundidad.
Para el jurista, introducir una disposición de este tipo sin análisis técnico amplio podría generar más problemas que soluciones.
El fondo del debate
El conflicto refleja un dilema estructural:
- Proteger uno de los ecosistemas más frágiles del planeta.
- Resolver la demanda de materiales para construcción en las islas.
- Evitar explotación descontrolada.
- Garantizar desarrollo local sin comprometer biodiversidad.
La pregunta que queda abierta es cómo se definirán las Zonas de Aprovechamiento Sustentable y quién controlará efectivamente la extracción.
Fuente: Primicias
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