La sentencia judicial contra la empresa japonesa Furukawa Plantaciones C.A. del Ecuador por prácticas de esclavitud moderna ha generado un profundo debate nacional e internacional sobre los derechos humanos. Esto ha subrayado la responsabilidad del Estado y las empresas. La Corte Constitucional de Ecuador reconoció en diciembre de 2024 que más de 300 trabajadores vivieron bajo un sistema de servidumbre por más de cinco décadas. Estos trabajadores recolectaban abacá en condiciones inhumanas, sin posibilidad de cambiar su realidad. Además, estaban sometidos a una relación laboral abusiva y degradante.
Según la Corte, este sistema vulneraba la dignidad humana de los trabajadores, quienes, en su mayoría afrodescendientes, vivieron en condiciones de pobreza estructural y aislamiento dentro de campamentos de la empresa. El tribunal identificó a 342 personas como víctimas directas de este sistema.
La ONU: “Una oportunidad histórica para el Ecuador”
Ante este fallo, el representante regional para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Jan Jarab, calificó el caso como una “oportunidad histórica para que Ecuador enmiende el rumbo”. En una columna de opinión publicada en la web de la oficina regional, subrayó que este proceso debe ir más allá de una reparación simbólica. También debe garantizar la no repetición de estas violaciones, como parte del fortalecimiento del Estado de derecho y la cohesión social.
Jarab destacó que la justicia en este caso implica también sancionar a las instituciones estatales que no actuaron a tiempo. En efecto, la Corte Constitucional responsabilizó también a los ministerios de Trabajo, Salud, Inclusión Económica y Social, Educación y Gobierno, por no prevenir ni proteger a los trabajadores ante estas violaciones.
Racismo estructural y exclusión social
Jan Jarab denunció que el caso Furukawa es reflejo de la exclusión estructural y el racismo persistente en Ecuador. El Estado ha fallado históricamente en su deber de proteger a poblaciones vulnerables, especialmente afrodescendientes. “Este caso también nos invita a reflexionar sobre cómo el modelo económico vigente perpetúa la discriminación estructural. Esto afecta el ejercicio de derechos esenciales”, afirmó.
El representante del ACNUDH señaló que estas condiciones estructurales de precarización laboral y pobreza no son únicas del Ecuador. Se repiten en otras partes de América Latina, donde los grupos históricamente excluidos sufren explotación a manos de actores privados. Esto ocurre con la inacción del Estado.
Medidas urgentes de reparación
A seis meses de la sentencia, la ONU llamó al Estado ecuatoriano a implementar de forma integral y urgente las medidas de reparación dispuestas por la Corte Constitucional. Estas medidas incluyen reparaciones económicas, garantías de no repetición, atención médica y psicológica a las víctimas. También requieren una política pública clara que exija a las empresas cumplir con su deber de respetar los derechos humanos.
Jarab también enfatizó que la empresa debe rendir cuentas de manera efectiva por los daños causados. La sentencia estableció una indemnización de más de USD 41 millones a favor de los 342 denunciantes. Sin embargo, Furukawa ha solicitado a la Corte el levantamiento de la prohibición de enajenar sus bienes para poder pagar la deuda. Argumentan que el monto de reparación excede su patrimonio.
Un llamado a una nueva política empresarial en derechos humanos
En su análisis, Jan Jarab insistió en la necesidad de que Ecuador adopte una normativa de debida diligencia empresarial en materia de derechos humanos, alineada con los estándares internacionales. Esto implica establecer procesos obligatorios, claros y unificados. Así, las empresas prevendrán abusos en sus cadenas de suministro y operaciones, particularmente cuando están presentes condiciones de vulnerabilidad estructural.
Además, el ACNUDH instó al Gobierno ecuatoriano a avanzar en la implementación de los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos. También deben asegurar que el caso Furukawa no quede en la impunidad. Las víctimas, durante el evento de disculpas públicas del pasado 31 de mayo, reiteraron su demanda de una política pública que impida la repetición de estos crímenes.
Compromiso internacional y camino hacia la justicia
Finalmente, la ONU expresó su disposición a apoyar al Estado ecuatoriano en este proceso de justicia transicional. Acompañarán a las instituciones y a las víctimas para garantizar que nunca más ocurran situaciones similares.
El caso Furukawa no solo representa uno de los episodios más graves de violaciones a los derechos laborales y humanos en la historia reciente del país. También se erige como una prueba para el compromiso real del Estado con los principios de justicia, igualdad y dignidad humana.
Fuente:
La República
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