La Contraloría General del Estado estableció un plazo fatal que vence el 31 de agosto de 2025 para presentar declaraciones patrimoniales. Por tanto, miles de servidores públicos considerados Personas Expuestas Políticamente deben cumplir con las declaraciones patrimoniales personas expuestas políticamente enfrentan consecuencias severas si no cumplen esta obligación legal.
Declaraciones patrimoniales personas expuestas políticamente: requisito urgente
Las autoridades implementaron nuevas regulaciones tras la aprobación del «Reglamento para la declaración, presentación y registro de las declaraciones patrimoniales juradas». Además, la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Combate del Delito de Lavado de Activos reformó completamente el sistema de control patrimonial.
En consecuencia, todos los funcionarios clasificados como Personas Expuestas Políticamente deben presentar documentación actualizada. Asimismo, el trámite incluye información detallada sobre ingresos, sociedades y bienes tanto nacionales como internacionales.
Funcionarios obligados a declarar patrimonio antes del 31 de agosto
La normativa abarca múltiples categorías de servidores públicos. No obstante, se priorizan cargos de nivel jerárquico superior que manejan recursos estatales significativos.
Los funcionarios incluidos son:
- Cargos de libre elección popular
- Servidores grados 5 al 10 de remuneración unificada
- Directores y gerentes de empresas públicas
- Militares desde Teniente Coronel
- Alcaldes, prefectos y concejales
- Asambleístas principales y suplentes
- Magistrados, jueces y fiscales
- Diplomáticos y embajadores
Igualmente, directores de hospitales y centros educativos enfrentan esta obligación. Por otra parte, las unidades de talento humano notificarán individualmente a cada funcionario afectado.
Información patrimonial requerida para declaraciones PEP
El formulario exige datos específicos sobre la situación económica del declarante. También incluye información sobre cónyuges e hijos menores de edad.
Los elementos obligatorios comprenden:
- Posiciones actuales fuera del sector público
- Fuentes de ingresos adicionales detalladas
- Remuneración del cargo público actual
- Sociedades y fideicomisos beneficiarios
- Derechos de representación adquiridos
Sin embargo, muchos funcionarios desconocen estos requisitos específicos. En primer lugar, deben identificar correctamente todas sus fuentes de ingreso. Posteriormente, verificarán la información antes del envío final.
Sanciones graves por incumplimiento de declaraciones patrimoniales personas expuestas políticamente
La Contraloría advierte sobre consecuencias severas para funcionarios negligentes. Por ende, el incumplimiento constituye falta grave según la Ley Orgánica de Servicio Público.
Las autoridades aplicarán sanciones inmediatas después del 31 de agosto. Finalmente, estas medidas pueden incluir suspensiones, multas económicas o destitución del cargo público.
No obstante, el proceso es completamente gratuito y digital. También se realiza exclusivamente través del portal web oficial de la Contraloría General del Estado.
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