A fin de frenar la expansión de la minería ilegal en el sur del país, las Fuerzas Armadas emprendieron una nueva ofensiva en la zona de La Chonta, en el cantón Pucará, provincia de Azuay. La operación, que se desarrolla por aire y tierra, involucra a 1.500 militares en tareas de control. Además, se encargan del aseguramiento y destrucción de estructuras ilegales.
Las Fuerzas Armadas hicieron una destrucción masiva de enclaves mineros ilegales
Antes del avance militar, se realizó una evacuación preventiva de los habitantes de la zona. Posteriormente, los uniformados ejecutaron un bombardeo con artillería pesada que destruyó 12 hectáreas. Estas eran utilizadas como centros logísticos y operativos por mineros ilegales. Las Fuerzas Armadas llevaron a cabo acciones como parte de un plan estratégico para eliminar campamentos, procesadoras y bocaminas clandestinas. Estas han proliferado en el sector.

Vínculos con el crimen organizado según las Fuerzas Armadas
De acuerdo con los informes de inteligencia militar, en el área operaban células asociadas con la organización delictiva Los Choneros. Esta es catalogada como grupo terrorista bajo el Decreto Ejecutivo 111. Esta agrupación, además de dedicarse a la minería ilegal, utilizaba el territorio para el contrabando de armas, extorsión y microtráfico. Esto fue detallado por el Ministerio de Defensa. Las Fuerzas Armadas son conscientes de estas conexiones.
Recuperación del control estatal en la zona
El pasado 30 de octubre, el Ministerio de Defensa instaló un puesto de mando unificado para coordinar estrategias de combate contra la minería ilegal en La Chonta y otras áreas de Azuay. En operativos previos se reportó la destrucción de 22 bocaminas y 28 campamentos irregulares. Con estas acciones, el Estado busca recuperar el control territorial. Además, intenta frenar las economías ilícitas y restablecer la autoridad institucional en la región. Las Fuerzas Armadas desempeñan un papel crucial en este proceso.
Además, las autoridades señalaron que estos operativos no serán los últimos. Se planifica una serie de intervenciones sostenidas para erradicar por completo la minería ilegal en la región sur del país. Se busca proteger las fuentes hídricas afectadas y garantizar la seguridad de las comunidades cercanas. El Gobierno ratificó su compromiso de mantener la presencia militar de las Fuerzas Armadas. Esto será hasta restablecer plenamente el orden y evitar el retorno de las estructuras criminales.
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