Contexto político: la Asamblea y la Ley de Solidaridad Nacional
El 7 de junio de 2025, la Asamblea Nacional del Ecuador aprobó con 84 votos afirmativos la Ley Orgánica de Solidaridad Nacional. Esta fue la primera norma presentada por el presidente Daniel Noboa bajo el carácter de urgencia económica. Esta legislación tiene como objetivo central enfrentar el avance del crimen organizado. Lo hará canalizando incentivos fiscales hacia el sector privado, fortaleciendo la atención a víctimas, previniendo el reclutamiento de menores por grupos criminales y reactivando zonas afectadas por la violencia estructural.
El contexto que rodeó la aprobación fue de alta tensión política. Pese a que la Ley fue calificada como prioritaria por el Ejecutivo, exigía su tratamiento en un plazo máximo de 30 días. Sin embargo, lo que sorprendió fue el comportamiento legislativo de la bancada correísta.
Fractura interna del correísmo quedó en evidencia
La votación de esta ley reveló una fractura interna del correísmo, movimiento político articulado en la Asamblea bajo la denominación Bancada Ciudadana. Aunque 44 legisladores de este bloque votaron en contra del proyecto, otros 10 se abstuvieron. Esto evidenció fisuras ideológicas y estratégicas al interior del grupo liderado desde el exilio por el expresidente Rafael Correa.
Este giro fue liderado por el asambleísta Raúl Chávez, quien, junto a los abstencionistas, decidió distanciarse de la línea dura del correísmo. Esta actitud dejó al descubierto una fragmentación significativa. Esto ocurrió particularmente ante decisiones legislativas de alta sensibilidad como lo es una ley de urgencia económica en plena crisis de seguridad.
Propuesta del Ejecutivo ante un contexto crítico
La Ley de Solidaridad Nacional fue presentada por el Ejecutivo el 17 de mayo. Se hizo como parte de su respuesta a la creciente violencia y al fortalecimiento operativo de bandas criminales. Según datos del informe de segundo debate, más del 60% de los integrantes de estas organizaciones delictivas son menores de edad.
El proyecto también permite que empresas realicen aportes deducibles del impuesto a la renta. Esto es con la finalidad de financiar operativos policiales, programas sociales y proyectos de reconstrucción en zonas afectadas por el crimen organizado. Esta estrategia se basa en modelos aplicados previamente en Colombia y El Salvador. En estos lugares el sector empresarial ha sido un actor clave en el reforzamiento de la seguridad pública.
Tramitación acelerada y posibles objeciones constitucionales
Por tratarse de una ley urgente en materia económica, el trámite legislativo se realizó en tiempo récord. Esto es como lo contempla el artículo 140 de la Constitución del Ecuador. En este tipo de casos, si la Asamblea no aprueba o rechaza el proyecto en 30 días, el presidente puede promulgarlo por decreto ley. A pesar de la aprobación, diversos juristas han advertido que la Corte Constitucional podría frenar su entrada en vigencia. Alegan contradicciones con dictámenes previos y con la propia Carta Magna.
Implicaciones políticas: el futuro del correísmo en la Asamblea
Más allá de su contenido, la aprobación de esta normativa ha tenido un profundo efecto político. Para Daniel Noboa, representa su primera victoria legislativa. Pero el punto más trascendental ha sido la fractura interna del correísmo. Se manifiesta ya no solo en el discurso, sino en decisiones clave del Pleno legislativo.
Esta división podría reconfigurar alianzas parlamentarias, debilitando la oposición más férrea que enfrentaba el actual Gobierno. En un escenario donde las mayorías se redefinen sesión tras sesión, la cooperación parcial de un sector del correísmo podría ser determinante en futuras reformas. Este aspecto cobra especial importancia en textos que abordan temas de seguridad, economía y reformas institucionales.
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