Fotografiar la papeleta electoral pese a la prohibición dejó 929 personas notificadas
Durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Ecuador, un total de 929 ciudadanos fueron notificados por fotografiar la papeleta electoral pese a la prohibición establecida por el Consejo Nacional Electoral (CNE). Esta normativa contempla sanciones económicas de hasta USD 32.900, una cifra considerable que refleja la gravedad con que se castiga esta conducta.
Provincias con más notificaciones
Según cifras oficiales proporcionadas a la agencia EFE, fotografiar la papeleta electoral pese a la prohibición fue más recurrente en ciertas provincias. En Pichincha, cuya capital es Quito, se registraron 217 notificaciones, lo que la convierte en la jurisdicción con mayor número de reportes. Le sigue Guayas, donde 140 personas fueron notificadas tras haber incurrido en esta infracción.
Además, otras provincias como Manabí (108), El Oro (66) y Los Ríos (58) también reportaron cifras significativas. En Cotopaxi, una provincia andina, se contabilizaron 54 casos. En contraste, en la región amazónica de Napo, no se emitió ninguna notificación.
Procedimiento ante la infracción
El protocolo del CNE establece que fotografiar la papeleta electoral pese a la prohibición debe ser documentado por el secretario de la mesa electoral, quien llena la “boleta de presunto cometimiento de infracción electoral”. Esta boleta incluye los datos del votante y se entrega una copia al ciudadano, mientras el original es remitido al coordinador de la mesa y posteriormente a la delegación provincial correspondiente.
Luego, será el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) quien evaluará si la conducta efectivamente constituye una infracción. Solo entonces se determinará si corresponde aplicar la multa.
Una norma inédita
Por primera vez en una elección ecuatoriana, el CNE decidió prohibir expresamente votar con el teléfono en la mano. Esta medida surgió tras una solicitud del Gobierno del presidente Daniel Noboa, quien resultó reelecto frente a la candidata Luisa González.
En definitiva, el acto de fotografiar la papeleta electoral pese a la prohibición no solo expone al votante a sanciones, sino que compromete la transparencia del proceso democrático.
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