La fiscalización de municipios en la Asamblea se ha convertido en uno de los temas políticos más debatidos del año. Desde inicios de 2026, la bancada de Acción Democrática Nacional (ADN) y sus aliados han concentrado gran parte de sus acciones de control en los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), especialmente aquellos administrados por autoridades de oposición.
Esta estrategia ha provocado cuestionamientos sobre el alcance de las atribuciones de la Asamblea Nacional y ha abierto un debate jurídico y político acerca de los límites del control legislativo.
La fiscalización de municipios en la Asamblea se enfoca en los GAD
Durante los últimos meses, la fiscalización de municipios en la Asamblea ha ocupado numerosas sesiones del Pleno y de las comisiones legislativas. En esos espacios se han revisado presuntas irregularidades relacionadas con varios gobiernos municipales.
Entre los temas analizados figuran la supuesta emisión irregular de matrículas vehiculares que habrían beneficiado a grupos de delincuencia organizada y el destino de USD 23 millones destinados al subsidio para transportistas en Quito.
Además, recientemente fue aprobado un informe que cuestiona la adquisición de 60 trolebuses eléctricos para la capital. Paralelamente, los legisladores anunciaron una nueva investigación sobre la presunta participación de exfuncionarios de la extinta Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain) dentro del Municipio de Quito.
ADN sostiene que la Asamblea puede investigar a todos los funcionarios públicos
El oficialismo defiende que la fiscalización de municipios en la Asamblea se encuentra respaldada por la Constitución.
El asambleísta de ADN, Andrés Castillo, afirmó que la normativa establece que la Asamblea puede fiscalizar a los funcionarios públicos, incluyendo alcaldes y concejales, debido a que forman parte del Estado.
Desde esta perspectiva, el bloque oficialista sostiene que solicitar información y analizar la gestión de los gobiernos locales forma parte de las facultades constitucionales del Legislativo.
¿Qué establecen la Constitución y las leyes?
La Constitución reconoce a la Asamblea Nacional la facultad de fiscalizar los actos de diversas funciones del Estado y de requerir información a los servidores públicos cuando lo considere necesario.
Sin embargo, el mismo texto constitucional especifica cuáles autoridades pueden ser sometidas a fiscalización política. Entre ellas constan ministros de Estado, autoridades de organismos de control, integrantes del Consejo Nacional Electoral, Tribunal Contencioso Electoral, Consejo de la Judicatura y Consejo de Participación Ciudadana.
No obstante, la Constitución no incluye a alcaldes, prefectos, concejales ni miembros de juntas parroquiales dentro de las autoridades sujetas a ese tipo de control político.
Asimismo, la Ley Orgánica de la Función Legislativa mantiene ese mismo criterio y no amplía las competencias de la Asamblea en esta materia.
Por otra parte, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad) establece que corresponde al Concejo Municipal fiscalizar la gestión del alcalde o alcaldesa de cada cantón.
Informes sin efectos políticos vinculantes
Como consecuencia de estas limitaciones legales, la fiscalización de municipios en la Asamblea no ha derivado en informes con efectos políticos vinculantes.
Los documentos aprobados contienen principalmente recomendaciones y exhortos dirigidos a otras instituciones del Estado.
Ese fue el caso del informe relacionado con la compra de los trolebuses eléctricos, impulsado por el legislador Xavier Ordóñez, de ADN. El documento recomienda al Concejo Metropolitano de Quito solicitar explicaciones al alcalde Pabel Muñoz. Además, plantea que la Contraloría evalúe profundizar un examen especial y que la Fiscalía investigue el caso si encuentra elementos suficientes.
Henry Cucalón cuestiona el procedimiento
El exasambleísta y exministro de Gobierno Henry Cucalón señaló que todas las autoridades deben estar sujetas al control ciudadano y a la obligación de entregar información pública.
Sin embargo, considera que los asambleístas no pueden convertir esos pedidos de información en un mecanismo de control político cuando la legislación no les otorga esa competencia.
Según Cucalón, si durante la revisión de documentos aparecen posibles irregularidades, el procedimiento adecuado consiste en presentar las denuncias correspondientes ante la Fiscalía o la Contraloría, sin necesidad de tramitar informes políticos que carecen de efectos prácticos.
La oposición cuestiona el momento de las investigaciones
La fiscalización de municipios en la Asamblea también ha provocado críticas desde la bancada de Revolución Ciudadana.
El legislador Franklin Samaniego calificó como un «show» la investigación sobre la presunta presencia de exfuncionarios de la Senain en el Municipio de Quito. Además, sostuvo que estas acciones buscan afectar políticamente al alcalde Pabel Muñoz en el contexto previo a las elecciones seccionales.
Por su parte, Henry Cucalón recordó que durante la administración municipal de Jaime Nebot también existieron constantes pedidos de información impulsados por el entonces bloque oficialista de Alianza PAIS.
Según el exfuncionario, esa práctica demuestra que este tipo de confrontaciones políticas no es nueva y ha estado presente en diferentes periodos legislativos.
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