En abril de 2023, apenas un mes antes de la conmoción causada por la muerte cruzada, la entonces fiscal general Diana Salazar advertía sobre un problema que aquejaba, y según expertos consultados por este medio, continúa afectando, a la Asamblea Nacional: el hostigamiento en su labor fiscalizadora.
Aunque la fiscalización es una prerrogativa constitucional del Legislativo, que le otorga la facultad de supervisar las demás funciones del Estado y los órganos del poder público, esta tarea no se ha llevado a cabo de manera técnica, sino predominantemente con tintes políticos, según afirman un miembro de la sociedad civil organizada y un exlegislador.
Desde el periodo legislativo anterior (2021-2023), la Asamblea Nacional ha establecido al menos siete comisiones ocasionales para abordar diversos temas de actualidad, además de numerosas solicitudes de información y comparecencias de distintas autoridades estatales.
Incluso la propia fiscal general fue objeto de hostigamiento, como lo calificó en su momento debido a los insistentes requerimientos de información y comparecencias por parte de la bancada correísta, entonces representada por Unión por la Esperanza (UNES), solicitada en más de 40 ocasiones en diferentes comités legislativos de la Asamblea Nacional. El nuevo Legislativo no se ha quedado atrás, abordando temas como la crisis energética, el caso León de Troya, los impedimentos legales de funcionarios del régimen de Lasso y de Daniel Noboa, el crimen de Fernando Villavicencio y, tras el receso parlamentario, el caso Purga, entre otros.
Este enfoque de fiscalización descontrolada, según Mauricio Alarcón, jurista y director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, va en contra del mandato constitucional de la Asamblea Nacional, obstaculizando el trabajo del Estado sin ofrecer contribuciones significativas para mejorarlo.
Alarcón sostiene que, sin necesidad de fragmentar la fiscalización en comisiones adicionales a la ya establecida, los 137 asambleístas tienen la capacidad de ejercer el control político mediante solicitudes de información, entre otros mecanismos previstos.
No obstante, la búsqueda de protagonismo en la fiscalización puede conducir a excesos, como lo evidenció el conflicto entre la ministra de Gobierno y del Interior, Mónica Palencia, y la asambleísta correísta Mónica Palacios durante una mesa ocasional que investigaba el magnicidio de Fernando Villavicencio, resultando en una sanción escrita para la legisladora.
Estas situaciones, según el exasambleísta Ramiro Narváez, demuestran que los procesos de fiscalización de la Asamblea Nacional no contribuyen al país y que otros mecanismos de fiscalización, como las solicitudes de información y comparecencias, resultan infructuosos cuando se abordan desde una perspectiva política en lugar de técnica.
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