La fiscalización en la Asamblea Nacional evidencia una gestión con avances limitados y múltiples cuestionamientos. Durante el primer año del periodo 2025-2029, el control político ha avanzado con lentitud. Además, varios casos relevantes siguen sin resolverse.
Aunque el Legislativo ha aprobado leyes importantes, la fiscalización en la Asamblea Nacional continúa siendo una deuda pendiente. Por lo tanto, surgen críticas desde distintos sectores políticos y ciudadanos.
Producción legislativa frente a débil control político
El presidente de la Función Legislativa, Niels Olsen, destacó la aprobación de 28 normativas. Estas incluyen leyes económicas enviadas por el presidente Daniel Noboa. Sin embargo, dos fueron declaradas inconstitucionales.
No obstante, la otra función clave del Parlamento es la fiscalización. En este ámbito, la fiscalización en la Asamblea Nacional presenta deficiencias estructurales. Además, el ritmo de investigación ha sido considerablemente pausado.
Retrasos en casos sensibles
Las comisiones de Seguridad, Transparencia y Salud lideran las investigaciones más relevantes. Estas mesas están dominadas por la bancada oficialista ADN. Por consiguiente, existe cuestionamiento sobre su independencia.
Uno de los primeros casos fue el contrato entre Celec EP y la empresa Progen. Este proceso buscaba mitigar la crisis energética. Sin embargo, la entrega de generadores eléctricos falló.
La Comisión de Transparencia tardó seis meses en concluir su informe. Determinó que no hubo responsables políticos. Además, sugirió enviar el caso a la Contraloría y Fiscalía.
A pesar de ello, el informe no ha sido tratado en el Pleno. Por lo tanto, la fiscalización en la Asamblea Nacional queda incompleta. Esto impide que otras instituciones continúen con las investigaciones.
Crisis en salud y falta de respuestas
En agosto de 2025, la Comisión de Salud inició la fiscalización del sistema sanitario público. El objetivo fue evaluar atención médica y provisión de medicamentos.
Este proceso se originó tras denuncias de desabastecimiento y la muerte de 12 neonatos. Presuntamente, los fallecimientos estarían relacionados con infecciones bacterianas.
La comisión lleva nueve meses analizando el caso. Sin embargo, las quejas continúan. Además, tres ministros han pasado por esta cartera sin resolver la crisis.
En abril de 2026, el presidente del IESS compareció ante la comisión. Explicó las acciones adoptadas en la institución. Aun así, la fiscalización en la Asamblea Nacional no presenta resultados concluyentes.
Seguridad, protestas y casos sin avances
La Comisión de Seguridad investiga hechos ocurridos durante el paro indígena de 2025. Este se desarrolló en Imbabura durante septiembre y octubre.
El informe debía aprobarse en enero. No obstante, tras siete meses, no se ha tratado. Tampoco se registran comparecencias recientes.
Asimismo, se investigan atentados en Guayaquil y la explosión de un puente en Guayas. Estos casos permanecen sin resolución. Por consiguiente, la fiscalización en la Asamblea Nacional enfrenta críticas por su ineficacia.
Juicios políticos y bloqueos legislativos
El juicio político es la máxima expresión del control parlamentario. Sin embargo, su aplicación ha sido irregular durante este periodo.
Algunos funcionarios fueron censurados y destituidos. Entre ellos, Gonzalo Albán y Mario Godoy. En contraste, otros procesos fueron bloqueados.
El pedido contra el ministro de Defensa no fue calificado. Además, el CAL negó solicitudes contra la ministra de Energía. También rechazó interpelaciones al Consejo de Participación Ciudadana.
Estas decisiones reflejan tensiones políticas internas. Por ende, la fiscalización en la Asamblea Nacional se percibe selectiva.
Cuestionamientos a la Comisión de Fiscalización
La Comisión de Fiscalización también enfrenta críticas. Su actividad ha sido limitada en los últimos meses. Incluso, se reportan pocas sesiones.
El último caso relevante fue el juicio político contra Mario Godoy. Posteriormente, se aprobó un informe sobre irregularidades en tránsito municipal.
A pesar de ello, pocos informes han llegado al Pleno. Esto limita el impacto del control legislativo. En consecuencia, la fiscalización en la Asamblea Nacional sigue siendo insuficiente.
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