El martes 27 de mayo de 2025 se desarrolló el tercer día de audiencia de evaluación y preparatoria de juicio en el marco del caso Pantalla. Este proceso involucra a altos exfuncionarios del sistema judicial ecuatoriano. La Fiscalía General del Estado, a través del fiscal general subrogante, Wilson Toainga, presentó un total de 177 pruebas. Estas apuntan a la presunta asociación ilícita de Wilman Terán, expresidente del Consejo de la Judicatura, y Anabel Torres, exjueza de Santo Domingo.
El conjuez nacional Edison Cantos declaró la validez de todo lo actuado por la Fiscalía. Este paso allanó el camino para que el caso avance hacia una posible etapa de juicio. Esta resolución es relevante dado que el caso implica acusaciones graves sobre manipulaciones en concursos públicos. Estas manipulaciones afectan la selección de jueces de la Corte Nacional de Justicia.
Solicitudes de Fiscalía: juicio y difusión roja de Interpol
Durante la diligencia, el fiscal Toainga solicitó formalmente que Terán y Torres sean llamados a juicio. Además, pidió que se ratifiquen las medidas personales y reales que ya pesan sobre los procesados.
En el caso de Anabel Torres, quien actualmente está prófuga de la justicia, la Fiscalía pidió que se oficie a la Interpol. Así, se busca que se emita una notificación de difusión roja. Esta medida internacional busca facilitar su localización y posterior extradición. De esta manera, Anabel podrá enfrentar el proceso judicial en Ecuador.
La audiencia fue suspendida y se retomará este miércoles 28 de mayo desde las 10:00, informó el Ministerio Público.
¿Qué es el caso Pantalla?
El caso Pantalla fue abierto en febrero de 2024 por la Unidad de Investigación Selecta Especializada en Transparencia de la Fiscalía. El proceso se centra en la supuesta manipulación del Concurso Público para la selección de jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia.
La Fiscalía sostiene que ciertos funcionarios del Consejo de la Judicatura se habrían asociado ilícitamente. Su objetivo habría sido influir en los resultados del concurso y favorecer a postulantes específicos. Esto vulneraría la legalidad del proceso y la independencia del sistema judicial.
Testimonios comprometedores y modus operandi
A lo largo de la investigación, varios testigos han declarado cómo operaba la estructura dirigida presuntamente por Wilman Terán. Según los testimonios, se habrían efectuado repartos de cargos y presiones indebidas. Además, la utilización de un supuesto grupo armado conocido como “la legión rural” habría servido para intimidar o coaccionar dentro del marco del concurso.
Estos elementos fueron integrados como parte del conjunto probatorio presentado por la Fiscalía en la audiencia.
El delito y las penas aplicables
La Fiscalía ha tipificado el delito como asociación ilícita, contemplado en el artículo 370 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). Esta figura legal establece una pena de tres a cinco años de prisión. Tal pena aplica a quienes, de manera organizada, por lo que, se asocien con fines delictivos que afecten la administración pública o el interés común.
La posible condena para Terán y Torres dependerá de la decisión del tribunal. Por lo que, esto ocurrirá en caso de que se acepte el pedido de llamarles a juicio y se compruebe su responsabilidad.
Próximos pasos en el proceso
Con la audiencia suspendida hasta el miércoles, se espera que el conjuez Edison Cantos emita una resolución sobre el pedido de la Fiscalía. Si se acepta el llamado a juicio, el proceso entrará en una fase determinante para el combate a la corrupción judicial en el país.
El caso Pantalla se suma a una serie de investigaciones. Por lo que, estas evidencian los desafíos que enfrenta Ecuador en la construcción de un sistema judicial transparente y libre de injerencias políticas o intereses particulares.
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