La Fiscalía General del Estado ha solicitado oficialmente el archivo del caso por presunto peculado contra el expresidente Guillermo Lasso, así como contra su cuñado Danilo Carrera, Hernán Luque y otros exfuncionarios. Esta solicitud se relaciona directamente con las investigaciones sobre la empresa pública Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec), una entidad estratégica vinculada al transporte de crudo ecuatoriano.
Pronunciamiento judicial inicial
El pedido fue conocido el 21 de abril de 2025 por la jueza Daniella Camacho, de la Sala Especializada de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia. La jueza, en ejercicio de sus competencias legales, concedió un plazo de tres días a las partes procesales. Durante ese tiempo, deberán pronunciarse sobre la solicitud de archivo del caso por presunto peculado contra el expresidente Guillermo Lasso.
Reacciones y oposición a la solicitud fiscal
Una de las voces más críticas ha sido la de la exasambleísta Mireya Pazmiño, denunciante original del caso durante su período como legisladora. Su abogado, Washington Andrade, calificó como insólita la rapidez con la que la jueza respondió a la petición fiscal. Según expresó, “nos sorprendió que la jueza haya despachado en tiempo récord, el mismo día, cuando esto generalmente toma semanas o incluso meses”.
El abogado también cuestionó lo que considera una posible intención de beneficiar a los investigados. Además, indicó que ya preparan una oposición formal al archivo del caso por presunto peculado contra el expresidente Guillermo Lasso. Esperan, además, una postura clara por parte de la Procuraduría General del Estado dentro del tiempo establecido.
Antecedentes del caso Flopec
La investigación sobre este presunto peculado se originó durante el juicio político contra Guillermo Lasso en 2023. La única acusación admitida por la Corte Constitucional fue precisamente la de peculado, relacionada con los contratos firmados entre Flopec y el consorcio Amazonas Tanker Pool.
Dichos contratos, según un informe emitido por la Contraloría General del Estado en noviembre de 2021, causaron un perjuicio económico de al menos USD 6,1 millones al Estado. Este daño se habría producido por el arrendamiento de buques a costos que superaban los ingresos obtenidos.
Cabe destacar que la empresa Amazonas Tanker está registrada en las Islas Marshall, una jurisdicción internacional identificada como paraíso fiscal. Su inclusión en el contrato se formalizó mediante un adendo en 2020, previo al inicio del mandato presidencial de Lasso.
Acusaciones en el contexto político
A pesar de que los contratos se firmaron antes de su mandato, los legisladores que impulsaron el juicio político sostuvieron que el entonces presidente tenía pleno conocimiento de las irregularidades y no actuó para corregirlas. Según la acusación, cuando el vicealmirante Jhonny Estupiñán —gerente de Flopec en ese momento— intentó terminar el contrato, fue destituido y reemplazado por funcionarios presuntamente afines a Hernán Luque, presidente de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO) designado por Lasso.
Posición de Lasso y actuación de la Fiscalía
Guillermo Lasso ha mantenido su postura de inocencia desde el inicio del proceso. En una cadena nacional transmitida en marzo de 2023, el exmandatario afirmó que los contratos cuestionados fueron firmados antes de su administración y que no existía ninguna denuncia formal en su contra en la Fiscalía hasta ese momento.
Finalmente, la Fiscalía ha determinado que no existen elementos suficientes que permitan establecer la existencia del delito de peculado, razón por la cual ha solicitado el archivo del caso por presunto peculado contra el expresidente Guillermo Lasso. Será la jueza Daniella Camacho quien decida si acepta el pedido o permite que la causa continúe en el ámbito penal.
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