El uso de la fuerza por parte de agentes del Estado vuelve a estar bajo escrutinio en Ecuador. Durante 2025, la Fiscalía General del Estado abrió 237 investigaciones por presuntas extralimitaciones en actos de servicio, que incluyen desaparición forzada y ejecución extrajudicial. Estas cifras reflejan los desafíos que enfrenta el país en medio de la militarización de la seguridad. También los estados de excepción decretados para combatir al crimen organizado.
Un caso que estremeció a Santa Elena
Uno de los episodios más graves ocurrió el 9 de diciembre de 2025, en el barrio La Península, en la provincia de Santa Elena. Seis militares del Ejército Ecuatoriano participaron en un operativo antinarcóticos. Según la versión de los ocupantes del inmueble, esto derivó en agresiones físicas y en la presunta aplicación de descargas eléctricas con cables del propio domicilio.
El joven Roberto Araldo Pinchupa Ramírez, de 19 años, perdió la vida tras el procedimiento. La Fiscalía procesa el hecho como una presunta ejecución extrajudicial, mientras seis uniformados cumplen prisión preventiva.
La mayoría de procesos por extralimitación en actos de servicio
De acuerdo con cifras oficiales, 227 de los 237 casos registrados entre enero y noviembre de 2025 corresponden a extralimitación en la ejecución de actos de servicio. Este delito se configura cuando policías o militares exceden sus funciones legales. Hacen uso desproporcionado o inapropiado de la fuerza, lo que puede causar lesiones graves o incluso la muerte.
Además, la Fiscalía reporta siete casos de desaparición forzada y tres de presunta ejecución extrajudicial en el mismo periodo.
Militarización y aumento de denuncias
El incremento de estos procesos está vinculado a la intensificación de la estrategia de seguridad impulsada por el Gobierno del presidente Daniel Noboa desde inicios de 2024. Ese año se alcanzó un pico histórico de 273 investigaciones por uso ilegítimo de la fuerza.
Aunque en 2025 las ejecuciones extrajudiciales disminuyeron en comparación con 2024, organizaciones de derechos humanos advierten que el despliegue militar sin suficiente preparación incrementa el riesgo de abusos.
Brechas en formación y derechos humanos
Fernando Bastias, abogado del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), sostiene que las Fuerzas Armadas han sido enviadas a tareas de seguridad interna sin planificación ni capacitación adecuada. Esto debilita su rol constitucional y expone a los uniformados a procesos penales.
A esto se suma un déficit de fiscales especializados en investigar el uso ilegítimo de la fuerza. Esto retrasa los procesos y limita la capacidad del sistema judicial para responder con eficacia.
Sentencias y órdenes de capacitación obligatoria
En el marco del denominado caso Malvinas, 11 militares fueron sentenciados a 34 años y ocho meses de prisión por desaparición forzada. El juez del proceso ordenó 120 horas anuales obligatorias de capacitación en Derechos Humanos para todo el personal militar.
Durante el juicio se evidenció que técnicos y mecánicos de aviación fueron enviados a patrullajes urbanos. No tenían formación en combate urbano, flagrancia, ni trato a menores infractores.
Prisión preventiva para seis militares en Quito
Tras el operativo en Santa Elena, un juez dictó prisión preventiva contra seis miembros del Batallón de Infantería Motorizado N.° 14 Marañón. Los uniformados enfrentan cargos por ejecución extrajudicial, delito tipificado en el artículo 85 del COIP, que contempla penas de 22 a 26 años de prisión.
La medida se cumple en la Cárcel de Quito y el proceso está a cargo de la Unidad de Investigación del Uso Ilegítimo de la Fuerza de la Fiscalía. Además, se dispusieron medidas de protección para víctimas y testigos. También se convocaron testimonios anticipados como parte de la instrucción fiscal.
Silencio oficial y preocupación internacional
Hasta el cierre de la investigación periodística, los ministerios del Interior y de Defensa no emitieron respuestas sobre los controles, protocolos o sanciones internas frente a estos casos. En paralelo, organismos internacionales como Amnistía Internacional han alertado sobre desapariciones forzadas y han cuestionado los excesos derivados de la militarización de la seguridad en Ecuador.
Fuente:
Primicias.ec
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