Investigaciones y tipos de delitos
La Fiscalía abrió 140 casos penales por presuntos delitos cometidos en el paro indígena 2025. Este proceso comenzó después del mes de protestas por la eliminación del subsidio al diésel. Las movilizaciones se concentraron en Imbabura y Pichincha, donde hubo enfrentamientos entre manifestantes y miembros de la fuerza pública.
De los procesos abiertos, el 57% corresponde a la paralización de un servicio público, delito sancionado con uno a tres años de prisión según el Código Orgánico Integral Penal (COIP). También existen 11 investigaciones por daño a bien ajeno y 10 causas contra policías y militares por presuntas extralimitaciones en el uso de la fuerza. Estos casos se registran en Imbabura, Pichincha, Loja y Chimborazo.
Provincias con más procesos judiciales
La Fiscalía abrió 140 casos penales por presuntos delitos cometidos en el paro indígena 2025, y el 64% de ellos se concentra en Imbabura y Pichincha. En Carchi, Loja y Azuay se abrió el 20% de los expedientes, mientras que el resto se reparte entre Chimborazo, Cotopaxi, Bolívar, Zamora Chinchipe, Santo Domingo, Los Ríos y Orellana. Nueve provincias no registraron causas vinculadas a las protestas.
Durante el paro, la Fiscalía también investiga secuestros, robos, asociación ilícita y una muerte culposa. Aunque el Gobierno describió a algunos detenidos como “terroristas”, solo existen siete procesos por ese delito, lo que equivale al 5% del total.
Avance de las investigaciones
La Fiscalía abrió 140 casos penales por presuntos delitos cometidos en el paro indígena 2025, y 121 de ellos siguen en investigación previa. Esta etapa es reservada, por lo que aún no se conocen los nombres de los procesados ni los avances detallados. En 18 causas ya se formularon cargos: ocho permanecen activas y diez concluyeron por falta de pruebas o decisiones judiciales.
Un solo expediente cerró mediante conciliación o reparación integral, con acuerdos que incluyeron disculpas públicas o pagos por daños. La apertura de 140 casos penales por parte de la Fiscalía, debido a presuntos delitos ocurridos durante el paro indígena de 2025, mantiene la mayoría de los procesos bajo análisis judicial.
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Fuente:
www.primicias.ec
