Ecuador tendrá un nuevo fiscal general el próximo 24 de diciembre, según el cronograma actualizado por la Comisión Ciudadana de Selección. El proceso de designación también contempla como fecha límite el 28 de diciembre.
De acuerdo con la planificación actualizada, el concurso se extenderá durante varios meses más de lo previsto inicialmente. Con estas fechas, el proceso de selección cumpliría aproximadamente un año desde su inicio.
El concurso para fiscal general continúa
El proceso avanzará ahora hacia las audiencias públicas de impugnación ciudadana, luego de que el Consejo de Participación Ciudadana aceptara tres objeciones que inicialmente habían sido descartadas por la Comisión Ciudadana de Selección.
Una de las impugnaciones está dirigida contra la jueza Daniella Camacho, quien ahora acumula seis objeciones. Otra fue presentada contra la jueza de Pichincha, Inés Romero, que deberá responder a ocho impugnaciones.
La tercera objeción aceptada corresponde al jurista Gabriel Pereira, quien hasta ese momento era el único postulante que no registraba impugnaciones dentro del concurso.
Fechas para elegir al nuevo fiscal general
Entre el 14 de septiembre y el 2 de octubre se desarrollarán 41 audiencias públicas de impugnación correspondientes a los 26 postulantes que continúan en el proceso.
Posteriormente, los aspirantes deberán afrontar las siguientes etapas de evaluación. La prueba escrita está prevista para el 28 de noviembre, mientras que la evaluación oral se realizará el 19 de diciembre.
El cronograma establece que la designación del nuevo fiscal general se realizará el 24 de diciembre, aunque existe un plazo máximo que se extiende hasta el 28 del mismo mes.
Un proceso que supera los plazos establecidos
La designación de la nueva autoridad ya había superado los tiempos previstos en la normativa. Con el cronograma actualizado, el proceso continuará hasta diciembre y se extenderá seis meses más allá del plazo permitido.
De concretarse la designación en las fechas previstas, Ecuador tendrá un nuevo fiscal general justo antes de finalizar el año. Esto pondría fin al periodo de una autoridad que permanece prorrogada en funciones desde abril de 2025.
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