La implementación de una fianza de hasta 15.000 dólares por turista marca un antes y un después en la política migratoria de Estados Unidos. Esta nueva medida, promovida por la administración de Donald Trump, no sólo endurece las condiciones de entrada, sino que puede generar un impacto negativo en el turismo global.
¿En qué consiste la nueva política migratoria?
Según un comunicado oficial del Departamento de Estado, Estados Unidos exigirá a ciertos solicitantes de visado B-1 (negocios) y B-2 (turismo) una fianza de hasta 15.000 dólares por turista. Esta obligación será parte de un programa piloto con duración de 12 meses y estará destinada a reducir los casos de turistas que permanecen en el país más allá del período autorizado.
El reembolso del monto depositado dependerá de si el visitante abandona o no el país dentro del tiempo estipulado por su visado. De lo contrario, perderá el dinero íntegramente.
Fianza de hasta 15.000 dólares por turista: ¿a quién afecta?
La exigencia de la fianza de hasta 15.000 dólares por turista no se aplicará de forma generalizada. Ciudadanos de países que pertenecen al Programa de Exención de Visa —como España, Francia o Alemania— no se verán afectados. No obstante, aquellos provenientes de naciones con altas tasas de permanencia no autorizada sí podrían estar obligados a pagar.
Entre los países potencialmente implicados se encuentran Colombia, Haití, Venezuela, Brasil y República Dominicana. En conjunto, estas naciones registraron más de 130.000 casos de turistas que superaron la duración permitida de su estancia en 2023.
Criterios para fijar el importe de la fianza
La cantidad exigida no será uniforme. El monto podrá oscilar entre los 5.000 y los 15.000 dólares, dependiendo del perfil del solicitante. La nacionalidad, historial migratorio y capacidad económica serán factores clave.
Por ejemplo, en el caso de los menores de edad, la fianza media será de 5.000 dólares, mientras que para adultos se situará en torno a los 10.000 dólares. La cifra máxima de 15.000 dólares por turista estará reservada para casos considerados de alto riesgo.
Perspectivas del sector turístico y consecuencias económicas
Las implicaciones para la industria turística podrían ser significativas. La política, percibida como una barrera económica, podría desincentivar a potenciales viajeros. De hecho, se prevé que esta medida profundice aún más la caída del 20% en la llegada de turistas, ya observada desde el endurecimiento de las leyes migratorias bajo el mandato de Trump.
En 2023, Colombia envió 945.000 visitantes a Estados Unidos. Si una proporción significativa de estos viajeros debe abonar una fianza de hasta 15.000 dólares por turista, el flujo turístico podría desplomarse drásticamente, acentuando el déficit económico del sector, que ya suma pérdidas por más de 12.500 millones de dólares.
Antecedentes y retorno de una política anterior
Esta no es una propuesta inédita. En 2020, la administración Trump ya había sugerido una política similar, aunque con menor duración y alcance. Sin embargo, la llegada de Joe Biden a la presidencia la canceló antes de su aplicación efectiva.
Ahora, con Trump de nuevo en el poder, el programa se ha retomado, ampliando su duración y aplicabilidad. Según el Departamento de Estado, los países incluidos se seleccionarán en base a criterios como las altas tasas de permanencia ilegal, deficiencias en la verificación de antecedentes y otras consideraciones diplomáticas.
Una política polémica con alto impacto
La medida, aunque aún en fase final de redacción, podría entrar en vigor a partir del 20 de agosto de 2025. La fianza de hasta 15.000 dólares por turista busca reforzar el control migratorio, pero al mismo tiempo impone un fuerte obstáculo financiero para millones de viajeros.
Es previsible que esta política genere tensiones diplomáticas, afecte al sector turístico y refuerce la imagen de un Estados Unidos más restrictivo y menos accesible para los ciudadanos de determinados países.
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