El 19 de mayo de 2024, la Secretaría de Gestión de Riesgos (SGR) anunció un cambio significativo: la alerta por el Fenómeno de El Niño pasó de naranja a blanca. Esta modificación se debe a una disminución en la Anomalía de la Temperatura Superficial del Mar, indicando una tendencia hacia la normalidad en las condiciones oceanográficas. La SGR también destacó la reducción en la intensidad del viento registrado en los últimos días de abril.
Para tomar esta decisión, la SGR evaluó detenidamente un comunicado del Comité Nacional para el Estudio Regional del Fenómeno de El Niño (ERFEN) del 8 de mayo de 2024, el cual informaba que el índice Ecuatoriano del Fenómeno El Niño se encontraba en la categoría de inactivo.
Franklin Ormaza, oceanógrafo investigador de la Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL), señala que, aunque el Fenómeno de El Niño estuvo presente, los impactos en la costa ecuatoriana fueron mínimos o nulos. Explica que ninguna de las cuatro condiciones requeridas para la activación del fenómeno se cumplió, y destaca la ausencia de lluvias, un indicador clave de El Niño.
Ormaza enfatiza la importancia de los antecedentes en los monitoreos realizados por científicos tanto nacionales como internacionales. Además, hace hincapié en la necesidad de mantener la alerta durante los inviernos, especialmente en lo que respecta a la tala de árboles y la infraestructura urbana deficiente, que pueden agravar los efectos de las lluvias incluso en ausencia de un fenómeno como El Niño.
La alerta blanca indica condiciones normales y la finalización de preocupaciones inmediatas. Sin embargo, la preparación y la vigilancia continúan siendo fundamentales, especialmente dada la imprevisibilidad del clima a largo plazo. Ormaza señala que el Océano Pacífico ha vuelto a condiciones más frías, marcando un retorno a la normalidad climática.
En conclusión, mientras Ecuador deja atrás el Fenómeno de El Niño y se prepara para enfrentar nuevas condiciones, la vigilancia y la planificación adecuada siguen siendo esenciales para garantizar la seguridad y la resiliencia frente a eventos climáticos futuros.
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