Quito, 29 de julio de 2025 – Decenas de colectivos feministas y organizaciones sociales tomaron las calles del país este lunes 28 de julio. La jornada nacional de protesta tuvo como epicentro la sede del Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos en Quito. El detonante fue la eliminación de esa cartera, anunciada días atrás por el presidente Daniel Noboa. Esto fue parte de un proceso de reestructuración estatal que redujo de 20 a 14 el número de ministerios. Esta decisión afectó a más de 5.000 servidores públicos.

La medida ha sido calificada por líderes feministas como un grave retroceso para los derechos de las mujeres en Ecuador. Consideran que se suprime una institucionalidad clave para la prevención, atención y erradicación de la violencia de género.
Un recorte que golpea los avances institucionales en derechos humanos
La decisión del Ejecutivo implica que el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos será absorbido nuevamente por el Ministerio de Gobierno. Esta entidad es de la cual se independizó en 2022 bajo la administración de Guillermo Lasso. Esta reversión ha provocado un profundo malestar en colectivos feministas. Señalan que se diluye la capacidad del Estado para ejecutar políticas específicas de género con enfoque técnico y transversal.
Geraldine Guerra, una de las voceras durante la protesta, criticó duramente la medida, calificándola como «una firma que borró décadas de lucha». Además, citó cifras del INEC que indican que 65 de cada 100 mujeres en Ecuador han sido víctimas de algún tipo de violencia. Guerra subraya así la urgencia de contar con una institución especializada.
Más de 500 organizaciones en pie de lucha
La movilización de este lunes no fue un hecho aislado. Según los organizadores, más de 500 colectivos, organizaciones de base y activistas se unieron en una convocatoria nacional. Las protestas se replicaron en varias ciudades, incluyendo Guayaquil, Cuenca, Ambato, Esmeraldas, Portoviejo y Loja.
Cristina Cachaguay, presidenta de Mujeres por el Carchi, señaló que el movimiento feminista ha declarado una «asamblea permanente». Esta se extenderá hasta el 7 de agosto como forma de resistencia ante lo que consideran políticas «antipopulares» y contrarias al espíritu democrático.
Rechazo a otras fusiones ministeriales y medidas del Gobierno
Los grupos feministas también expresaron su rechazo a otras fusiones ordenadas por el Gobierno. Como ejemplo, mencionaron la integración del Ministerio del Ambiente con Energía y Minas, o la absorción de la Secretaría Técnica de Desnutrición Infantil por el Ministerio de Inclusión Económica y Social. Consideran que estas medidas debilitan aún más la capacidad del Estado para atender problemáticas sensibles como la sostenibilidad ambiental y la nutrición infantil.
A su vez, criticaron lo que califican como “imposición de políticas neoliberales” dictadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI). Esto es una alusión al acuerdo por 5.000 millones de dólares suscrito en 2024. Para los colectivos, la prioridad del Gobierno parece estar más enfocada en cumplir metas fiscales que en salvaguardar derechos fundamentales.
“Sin mujeres no hay democracia”: clamor por un diálogo nacional
Las líderes feministas insistieron en la necesidad de establecer un diálogo abierto y democrático que permita revisar las decisiones del Ejecutivo. “Si el Gobierno quiere reestructurar el Estado, que lo haga bajo un proceso transparente, participativo y constitucional. No con decretos autoritarios”, afirmó Guerra.
La protesta también sirvió como espacio para solidarizarse con los 5.000 trabajadores públicos que han perdido su empleo tras los recortes, muchos de ellos mujeres. Las manifestantes insistieron en que defender los derechos laborales y sociales es también parte de su agenda.
La eliminación del Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos ha encendido una nueva llama de movilización social en Ecuador. Para las feministas y organizaciones aliadas, no se trata solo de una medida administrativa, sino de una amenaza a los avances logrados en materia de equidad de género. Además, protección contra la violencia y construcción de políticas públicas inclusivas. La respuesta en las calles y la declaración de una asamblea permanente muestran que el movimiento no está dispuesto a ceder terreno. La presión social, en conjunto con el debate público, marcará el rumbo de los próximos días. Esto podría obligar al Gobierno a reconsiderar su postura.
Fuente: Yahoo Noticias / Agencia EFE
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