Una investigación de la Fiscalía y la Policía reveló que familiares y operadores de líderes de la banda criminal Los Chone Killers ocuparon cargos públicos en el Municipio de Durán entre 2023 y 2025. Esta participación facilitó trámites fraudulentos de matriculación de vehículos robados, cambios de propietario y contratos direccionados. Estos actos sirvieron para financiar y expandir las operaciones de la organización criminal.
La estructura estaba encabezada por Julio Alberto Martínez Alcívar, alias ‘Negro Tulio’, junto con otros cabecillas como alias ‘Washo’ y ‘Ben 10’. Estos líderes habrían influido directamente en contrataciones dentro de la Agencia de Tránsito de Durán (ATD) y otras dependencias municipales.
Cómo operaba la red en la Agencia de Tránsito de Durán
El caso mostró la necesidad de allanar las instalaciones de la ATD. Un operativo fue liderado por el ministro del Interior, John Reimberg, y el comandante de la Policía, Pablo Dávila, el 7 de julio de 2025. Según las autoridades, se identificaron “facilitadores” que actuaban dentro de la ATD. Estos operaban como intermediarios entre la banda criminal y la institución pública para gestionar contratos fraudulentos y matricular vehículos robados.
Además, se detectaron casos de extorsión a conductores y transportistas. También se encontraron trámites de matriculación a nombre de personas fallecidas. Todo esto generaba ingresos ilícitos para financiar a Los Chone Killers y otras bandas como Los Choneros.
Contratos millonarios para testaferros y familiares
Uno de los casos más documentados corresponde a Luis Jacinto Baquero García, quien fue condenado a 10 años de prisión por delincuencia organizada. Baquero García celebró contratos con la ATD por casi USD 1 millón. Posteriormente, estos recursos fueron transferidos a su hijo, Luis Felipe B. B., quien ocupa el cargo de Jefe de Minas y Canteras en la Dirección General de Obras Públicas del Municipio de Durán.
De acuerdo con las investigaciones, la designación de Luis Felipe B. B. fue gestionada directamente por ‘Negro Tulio’. Exigió a un exsubdirector de la ATD que “le pasen la carpeta para que lo ponga de director”, según conversaciones interceptadas por la Fiscalía y recopiladas en el expediente del caso.
Condenas y vínculos pendientes en el Municipio de Durán
El proceso penal concluyó el 30 de junio de 2025 con sentencias de entre 10 y 13 años de prisión para 17 procesados, incluidos ‘Negro Tulio’ y su esposa. Sin embargo, otros operadores clave no fueron procesados y algunos seguían ocupando cargos públicos en Durán hasta mayo de 2025.
La intervención en la ATD y el Cuerpo de Bomberos de Durán forma parte del plan del Gobierno central para asumir las competencias de tránsito en el cantón. Se destinaron 215 policías para reforzar la seguridad. Además, se suspendió temporalmente la atención al público mientras se realiza una auditoría de la Contraloría General del Estado.
Alcance del poder criminal en gobiernos locales
Este caso revela cómo los grupos criminales en Ecuador utilizan el aparato público municipal para financiarse y expandir su influencia. Extienden sus tentáculos no solo en el ámbito del tráfico de drogas o la extorsión. También lo hacen en el control de dependencias públicas estratégicas como las agencias de tránsito.
Alias ‘Negro Tulio’, según investigaciones previas, incluso utilizaba ambulancias para movilizar drogas, demostrando la capacidad de estas estructuras para camuflar actividades ilícitas con operaciones aparentemente legales. Esto ocurre con la complicidad o permisividad de funcionarios públicos vinculados a las bandas.
Una alerta sobre la infiltración del crimen organizado en los municipios
La infiltración de familiares y operadores de bandas criminales en instituciones como la Agencia de Tránsito de Durán evidencia un grave riesgo para la seguridad y la gobernabilidad local en Ecuador. Mientras las estructuras criminales consolidan su poder, la acción coordinada de la Fiscalía, la Policía y la Contraloría será crucial. Estas acciones son necesarias para desmontar redes que, al operar bajo la fachada del servicio público, generan impunidad y financiamiento para las bandas en sus actividades delictivas.
Fuente: Primicias
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