La Fiscalía investiga a funcionarios judiciales por su presunta vinculación con una red de delincuencia organizada que operaba en Manabí.
El caso Narcotentáculos continúa revelando nuevos implicados dentro del sistema judicial. En la madrugada del 17 de junio de 2025, la Policía Nacional y la Fiscalía realizaron allanamientos simultáneos en varias oficinas judiciales de Manabí. Las operaciones se enfocaron en la Corte Provincial y la Unidad Judicial Multicompetente de Montecristi.
Durante estos operativos, detuvieron a Marcelo Villegas Argandoña, exdirector del Consejo de la Judicatura en esa provincia. Esta captura forma parte de una investigación por delincuencia organizada que involucra a jueces, abogados y otros funcionarios públicos.
Indicios incautados durante los operativos
Las autoridades confiscaron celulares, laptops, documentos y dinero en efectivo. Estos elementos podrían vincular a los detenidos con actos ilícitos relacionados con decisiones judiciales irregulares.
Villegas ya había sido destituido en marzo de 2025. La Judicatura lo sancionó por confirmar la inocencia de un juez investigado y cerrar el expediente disciplinario por negligencia.
Antecedentes del caso
El caso Narcotentáculos comenzó el 16 de agosto de 2024 tras los testimonios anticipados del exjuez Joffre Rivera, sentenciado en el proceso denominado «Plaga». Rivera aceptó haber recibido sobornos para emitir decisiones favorables a personas privadas de libertad.
La Fiscalía considera que existe una red judicial infiltrada por intereses delictivos. En 2024 ya se allanaron oficinas en Chone, Montecristi y domicilios de jueces vinculados. La evidencia recopilada refuerza la teoría de una estructura judicial corrompida por el narcotráfico.
Más funcionarios implicados
En mayo de 2025, la Judicatura destituyó a cuatro jueces más, tres de Manabí y uno de Santo Domingo. Todos fueron sentenciados por su participación en la red de delincuencia organizada. Entre ellos se encuentran Ángel Lindao, Simón García, Byron Orejuela y nuevamente Joffre Rivera.
La investigación continúa. El objetivo es desmantelar una estructura que permitió el uso de recursos judiciales para beneficiar a redes criminales. La Fiscalía avanza con procesos judiciales firmes, respaldada por testimonios y evidencia digital.
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