Evaluaciones en el sector público ecuatoriano no implican despidos masivos
Ante las inquietudes generadas por la implementación de la Ley de Integridad Pública, la ministra del Trabajo, Ivonne Núñez, ofreció detalles concretos sobre cómo se llevarán a cabo las evaluaciones en el sector público ecuatoriano. Este proceso ha sido motivo de preocupación para organizaciones sociales como la Unión Nacional de Educadores (UNE) y el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), que han advertido sobre un posible escenario de despidos masivos. Sin embargo, Núñez desmintió categóricamente tales afirmaciones y llamó a la calma.
La funcionaria explicó que las evaluaciones en el sector público ecuatoriano no son una novedad. Existen desde el año 2010, aunque reconoció que históricamente no se ha aplicado una política efectiva que garantice su cumplimiento. “El Ministerio de Trabajo ha registrado muy pocas evaluaciones formales, apenas en menos de 140 instituciones estatales. Los casos de personas que han perdido su empleo por no aprobar las fases evaluativas son mínimos”, declaró en entrevista con Teleamazonas.
¿Quiénes serán evaluados y cada cuánto tiempo?
Núñez detalló que las evaluaciones en el sector público ecuatoriano serán semestrales y obligatorias para todas las instituciones del Estado. Se exceptúan únicamente las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y el Consejo de la Judicatura, debido a que estas entidades ya poseen sus propios mecanismos evaluativos internos.
Además, insistió en que no debe haber temor. “La evaluación fomenta una administración eficiente y transparente, lo que es vital considerando que el Estado invierte importantes recursos financieros y tecnológicos para ofrecer servicios públicos de calidad”, señaló.
Compensaciones y edad de jubilación
Respecto a los beneficios de jubilación, la ministra también aclaró que no se ha producido ningún cambio perjudicial. Las personas podrán seguir accediendo a la compensación con 480 aportaciones, sin límite de edad, o con 360 aportaciones a partir de los 60 años.
Rechazó lo que calificó como una “confusión deliberada” por parte de ciertos sectores sociales sobre un supuesto aumento en la edad mínima para jubilarse. Subrayó que el Gobierno mantiene el compromiso de pago de compensaciones, que a la fecha ya alcanzan los 95 millones de dólares desembolsados.
Base constitucional y transparencia institucional
Finalmente, la ministra Ivonne Núñez descartó que la normativa sea inconstitucional. Enfatizó que las evaluaciones en el sector público ecuatoriano se alinean con principios establecidos en la Constitución, al buscar garantizar eficiencia, mérito y transparencia dentro del aparato estatal.
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