La Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres (Ceosl) anunció que presentará una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley de Integridad Pública. Esta normativa entró en vigencia el 26 de junio de 2025 tras su publicación en el Registro Oficial.
Evaluación de servidores públicos causa preocupación
Marcela Arellano, presidenta de la Ceosl, manifestó que la ley es inconstitucional porque no cumple con el principio de unidad de materia. Este principio establece que una ley debe tratar un solo tema, sin embargo, la nueva normativa abarca reformas en varias áreas no relacionadas.
Uno de los puntos más cuestionados es la evaluación semestral de los servidores públicos, que podría terminar en despido. Antes de esta reforma, la Ley Orgánica de Servicio Público (Losep) establecía evaluaciones anuales. Ahora, según el artículo 80 de la nueva ley, un servidor con calificación «insuficiente» será destituido. Aunque esta disposición ya existía, la Ceosl considera que el nuevo enfoque representa una evaluación punitiva.
Arellano recordó que durante el gobierno de Rafael Correa, una medida similar provocó despidos masivos. «Evaluar es importante, pero si el resultado es un despido, estamos frente a una herramienta punitiva, no de mejora», declaró.
El Ministerio del Trabajo responderá con reglamento técnico
La ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, defendió la reforma y aclaró que la evaluación no es un tema nuevo, aunque no se ha aplicado de forma adecuada desde 2010. Además, explicó que los trabajadores podrán apelar si reciben una calificación negativa.
Las instituciones públicas serán responsables de aplicar estas evaluaciones, siguiendo parámetros técnicos que establecerá el Ministerio del Trabajo a través de un acuerdo ministerial. Núñez aseguró que este reglamento incluirá criterios claros y puntuaciones para cada área evaluada.
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