La evaluación judicial en Ecuador se perfila como uno de los desafíos más urgentes de cara al año 2026. La administración de justicia atraviesa un momento crítico, descrito incluso como una etapa de terapia intensiva. Denuncias de corrupción, falta de garantías para jueces y la penetración del crimen organizado han debilitado instituciones que, por mandato constitucional, deberían ser independientes.
En este contexto, el jurista Paúl Córdova, doctor en Jurisprudencia, sostiene que el país no puede esperar transformaciones reales sin una evaluación profunda del sistema judicial. A su criterio, el próximo año debe marcar un punto de inflexión para enfrentar el deterioro estructural de la Función Judicial.
Acceso ciudadano y reestructuración de la Función Judicial
Uno de los principales cuestionamientos gira en torno al acceso oportuno a la justicia. Para Córdova, la evaluación judicial en Ecuador debe ir acompañada de proyectos de inversión pública. El Consejo de la Judicatura, afirma, tiene la obligación de presentar requerimientos presupuestarios que permitan reestructurar las unidades judiciales a nivel nacional.
Además, plantea la elaboración de un plan nacional urgente de evaluación de la carrera judicial. Este proceso debería incluir a equipos jurisdiccionales, cortes provinciales, la Corte Nacional de Justicia, fiscales, defensores públicos y notarios. Según Córdova, esta depuración permitiría identificar malos elementos, actualizar perfiles profesionales y avanzar hacia una necesaria especialización.
Vacantes, especialización y modernización tecnológica
El jurista cuestiona la falta de coherencia en la asignación de jueces. Señala como inadmisible que magistrados con perfil en derecho civil actúen en salas penales. Por ello, insiste en convocar concursos para llenar vacantes en la Corte Nacional de Justicia.
De forma complementaria, propone adecuaciones orientadas a los abogados en libre ejercicio. Entre ellas, destaca proyectos como expedientes judiciales electrónicos, fortalecimiento del talento humano y mejora de recursos tecnológicos y automotores. Estas acciones, según explica, facilitarían procesos como la entrega de citaciones judiciales.
Unidad institucional y rol de la sociedad civil
Córdova advierte que sin un nuevo modelo de gestión, el Consejo de la Judicatura continuará enfocado en actividades administrativas sin impacto estructural. En este escenario, la evaluación judicial en Ecuador requiere también del involucramiento de la sociedad civil.
Los gremios de fiscales, jueces, defensores públicos, notarios y personal administrativo deben impulsar reformas para fortalecer la carrera judicial. Esto incluye procesos de recategorización, ascensos y promociones que permitan una progresión profesional transparente y mejor remunerada.
Asimismo, exhorta a las facultades de Derecho a colaborar con la Función Judicial en la selección de tribunales para concursos de nuevos jueces. No obstante, lamenta la falta de apertura institucional. “La Justicia se cae todos los días y los gremios permanecen silentes”, concluye.
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