El Gobierno de Ecuador renovó el estado de excepción este 10 de junio de 2025. Esto se realizó mediante el Decreto Ejecutivo N.º 23, firmado por el presidente Daniel Noboa en la ciudad de Guayaquil. La medida tendrá una vigencia de 30 días, hasta el 10 de julio de 2025. Responde a una actuación de “grave conmoción interna” que atraviesa el país.Por lo que, esta situación se debe particularmente a la masacre ocurrida en el distrito de Pascuales, al norte de Guayaquil, donde ocho personas fueron asesinadas.
Cinco de las víctimas fueron acribilladas en el sector industrial de Peca, en la vía a Daule. El hecho generó una ola de indignación ciudadana y reforzó la decisión del Ejecutivo.Por lo que ellos decidieron mantener operativos militares y policiales en varias zonas del país.
Provincias y cantones bajo el nuevo estado de excepción
El nuevo decreto contempla la aplicación del estado de excepción en ocho jurisdicciones:
- Guayas
- Los Ríos
- Manabí
- Orellana
- Santa Elena
- El Oro
- Sucumbíos
- Distrito Metropolitano de Quito (provincia de Pichincha)
Esto significa que se refuerzan las intervenciones en zonas donde las estructuras criminales han intensificado sus actividades, especialmente en sectores urbanos e industriales.
Medidas contempladas en el Decreto 23
El Decreto N.º 23 retoma los lineamientos establecidos en los artículos 3, 4 y 7 del Decreto Ejecutivo 599. Este decreto fue emitido el 12 de abril de 2025. Estas medidas incluyen:
- Suspensión de derechos constitucionales, como la inviolabilidad del domicilio, la correspondencia y la libertad de tránsito.
- Restricción de la movilidad mediante la imposición de un toque de queda diario desde las 22:00 hasta las 05:00. Esto se aplica únicamente en cantones de las provincias mencionadas.
- Movilización e intervención estratégica de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, enfocadas en zonas consideradas de alta prioridad por la incidencia del crimen organizado.
Estas acciones buscan brindar condiciones de seguridad para la población. También buscan neutralizar a las bandas criminales y recuperar territorios donde el control del Estado ha sido desafiado.
Críticas al uso prolongado de estados de excepción
A pesar de la contundencia de las medidas, sectores del ámbito jurídico e institucional han expresado preocupación. Ellos advierten sobre la recurrencia del uso de estados de excepción. Por lo que,el pasado 5 de marzo, la Corte Constitucional exhortó al Ejecutivo a conformar una comisión interinstitucional. Esta comisión debe ser integrada por entidades del Estado, para diseñar mecanismos que permitan enfrentar la violencia sin depender continuamente de este tipo de régimen extraordinario.
El máximo órgano constitucional del país advirtió sobre la necesidad de encontrar una solución dentro del marco del ordenamiento jurídico ordinario. Por lo que,ellos creen que es fundamental combatir a las bandas delictivas sin comprometer derechos fundamentales. Además, se busca evitar normalizar medidas de excepción como herramienta permanente de gobierno.
Hasta la fecha, el Ejecutivo no ha respondido a esta disposición de la Corte. Por lo que,esto abre un debate sobre los límites del poder estatal y la urgencia de fortalecer la seguridad pública dentro del marco de la legalidad democrática.
Fuente: Redacción Primicias
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