Estado de excepción en Azuay y otras provincias
El presidente Daniel Noboa declaró estado de excepción en Azuay y seis provincias más mediante el Decreto Ejecutivo 134. La medida incluye a Carchi, Imbabura, Pichincha, Bolívar, Cotopaxi y Santo Domingo, y tendrá una vigencia de 60 días.
La decisión responde a hechos de grave conmoción interna. Según el decreto, las paralizaciones han alterado el orden público y generado actos de violencia que ponen en riesgo la seguridad de los ciudadanos. Noboa enfatizó que es necesario proteger los derechos de libre circulación, trabajo y desarrollo de actividades económicas.
Derechos suspendidos durante el estado de excepción
El decreto suspende el derecho a la libertad de reunión en las provincias afectadas. Esto implica limitar concentraciones en espacios públicos para evitar bloqueos, cierres de vías o interrupciones de servicios. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional están facultadas para intervenir y disolver aglomeraciones que representen amenazas a la seguridad ciudadana o al orden constituido.
Pese a estas restricciones, el decreto aclara que el derecho a manifestarse se mantiene siempre que sea pacífico y no afecte las libertades del resto de la ciudadanía. Además, se dispone la movilización de todas las entidades de la Función Ejecutiva en coordinación con fuerzas de seguridad, con el objetivo de preservar la integridad física de la población y garantizar la continuidad económica.
Marcha por el agua en Cuenca
En paralelo, se desarrolla la marcha por el agua en Cuenca, convocada por la Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas del Azuay (FOA). Desde las 08:30, se realizaron ceremonias andinas de agradecimiento a la tierra en la Plazoleta San Roque.
La marcha comenzó a las 09:30 y continuará hasta la Catedral de Cuenca, con actos simbólicos como el traspaso intergeneracional de la defensa del agua. Durante la jornada, los organizadores entregarán un petitorio a la Corte de Justicia del Azuay para exigir la revocatoria de la licencia ambiental del proyecto minero Loma Larga, así como responsabilidades legales por supuestos incumplimientos.
Con esta movilización, ciudadanos y autoridades locales, entre ellos el alcalde Cristian Zamora y el prefecto Juan Cristóbal Lloret, expresan su rechazo a la minería en la provincia. Mientras tanto, el estado de excepción en Azuay y otras seis provincias marca un nuevo escenario en la relación entre protestas sociales y control gubernamental.
Fuente:
Más noticias:
Pabel Muñoz critica eliminación del subsidio al diésel de Daniel Noboa
