La entrada en vigencia de la nueva Ley de Integridad Pública ha marcado un hito en la regulación del sector público ecuatoriano. Una de sus reformas más relevantes es la que vincula la estabilidad laboral de los servidores del Estado al cumplimiento de objetivos, a través de evaluaciones periódicas. En este nuevo marco legal, la «excelencia» se convierte en el criterio esencial para conservar un cargo.
Evaluaciones obligatorias y públicas
Con la reforma a la Ley de Servicio Público (Losep), todas las instituciones del Estado deberán aplicar evaluaciones semestrales obligatorias, técnicas y vínculantes a sus funcionarios. Estas evaluaciones sustituirán al esquema anual anterior y su resultado influirá directamente en la permanencia del servidor. La calificación de «insuficiente» podrá derivar en una destitución inmediata, mientras que tres evaluaciones «satisfactorias» consecutivas también podrán ocasionar desvinculación.
Nueva estructura normativa y criterios de ascenso
El texto normativo también elimina la posibilidad de ascenso con una evaluación «satisfactoria». Solo las calificaciones «muy buena» o «excelente» permitirán acceder a promociones, incentivos o comisiones. El Gobierno busca así instaurar una cultura de alto rendimiento basada en el cumplimiento riguroso de objetivos.
Responsabilidad institucional y seguimiento
Cada institución estará obligada a definir parámetros específicos de evaluación, los cuales deberán publicarse oficialmente. Además, se establece un sumario administrativo en caso de «deficiencia laboral grave», el cual podrá iniciarse a partir de auditorías, informes o a petición de una autoridad.
Otras disposiciones clave
La ley también introduce cambios como la eliminación de la estabilidad laboral automática, la obligación de someterse a pruebas de confianza, y nuevas reglas sobre contratos provisionales. Además, se amplía la potestad del Ministerio de Trabajo para intervenir en otras funciones del Estado.
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