Especulación de precios guía los recientes controles desarrollados por el Gobierno entre el 13 de septiembre y el 2 de noviembre de 2025. Durante ese periodo se ejecutaron 43.704 operativos a escala nacional. Además, participaron 1.805 funcionarios para verificar el cumplimiento normativo en 84.914 establecimientos.
En consecuencia, se fortaleció el control en mercados, supermercados, tiendas y centros de abasto.
Los operativos frente a la especulación de precios arrojaron como principal resultado la detención de 633 personas, relacionadas con incrementos irregulares o prácticas ilegales. Asimismo, se realizaron 108 clausuras y se receptaron 2.919 denuncias ciudadanas, tanto de forma territorial como virtual.
De esta manera, el Gobierno busca frenar abusos que afecten a los hogares.
Cobertura nacional contra la especulación de precios
En total, se verificaron 9.011 mercados, 6.194 supermercados, 53.433 tiendas y 16.276 centros de abasto. También se controlaron 6.668 distribuidores de gas, un segmento sensible por su impacto directo en familias.
Por tanto, la especulación de precios se aborda con una estrategia amplia, con énfasis en sectores de primera necesidad.
Las provincias con mayor impacto fueron Chimborazo (13 clausuras), El Oro (11), Esmeraldas (10) y Loja (9). De igual forma, Pichincha registró ocho cierres.
En contraste, Morona Santiago y Galápagos reportaron solo una clausura cada una.
Denuncias y acciones adicionales
El Gobierno reforzó espacios para denunciar la especulación de precios. Por ello, habilitó canales web y territoriales para reportar irregularidades.
Como resultado, se canalizó información útil para ejecutar nuevos controles.
Además, se identificaron conductas que incumplen reglas de comercialización, favoreciendo sanciones claras.
Esfuerzos para prevenir la especulación de precios
Esta estrategia continúa para contener aumentos injustificados. También fomenta prácticas comerciales honestas mediante verificación directa.
Aunque persisten desafíos, la especulación de precios se enfrenta con operativos sostenidos en territorios de alto consumo.
Además, se destaca la coordinación entre instituciones, lo que permite respuestas más rápidas. De esa manera, se fortalecen procesos para proteger el presupuesto familiar.
Finalmente, se espera que las medidas disuadan irregularidades y favorezcan dinámicas de mercado más equilibradas.
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