Decenas de individuos han alzado su voz para denunciar lo que ellos califican como una supuesta estafa perpetrada por la empresa Compañía y Consorcio Inmobiliario C&P. Esta entidad habría promocionado con entusiasmo sus proyectos en una feria auspiciada por el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess), generando en los potenciales compradores una sensación de seguridad y respaldo institucional.
Manuel, uno de los afectados, compartió su desgarradora experiencia con Teleamazonas, revelando que su aspiración de tener una vivienda propia lo llevó a interesarse en los proyectos ofrecidos en dicha feria. Después de casi caer en estafas previas, creyó haber encontrado una oportunidad genuina en esta ocasión. Sin embargo, el sueño de tener un hogar se desvaneció cuando se percató de que los terrenos e inmuebles prometidos nunca se materializaron. Manuel, al igual que otros 700 perjudicados, entregó sumas significativas de dinero como adelanto para luego encontrarse en la oscuridad cuando la empresa dejó de responder a sus llamadas y descubrieron sus oficinas desiertas.
La situación se agrava aún más con las amenazas que los denunciantes afirman haber recibido por parte de los representantes de la inmobiliaria. Estas intimidaciones son especialmente alarmantes dado que los estafadores tienen acceso a información personal sensible de los compradores, como números de contacto, direcciones y copias de sus documentos de identidad.
La búsqueda de respuestas y justicia ha llevado a diversos medios de comunicación, incluyendo PRIMICIAS, a indagar sobre el caso. Sin embargo, el silencio parece ser la única respuesta que reciben, ya que ni el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social ni la empresa acusada han emitido declaraciones oficiales al respecto.
Mientras tanto, los afectados enfrentan una incertidumbre angustiante sobre el destino de su inversión y temen por posibles represalias si alzan aún más la voz. En un país donde la confianza en las instituciones y empresas es crucial para el desarrollo económico y social, casos como este resaltan la importancia de una regulación más estricta y una vigilancia más efectiva para proteger a los ciudadanos de la explotación y el fraude.
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