El error de María José Pinto ante Comisión Anticorrupción abrió un nuevo debate institucional sobre la gestión de información en temas sensibles relacionados con el sistema público de salud. La vicepresidenta reconoció que su equipo cometió una equivocación al responder de forma esquiva un requerimiento de la Comisión Nacional Anticorrupción, organismo que había solicitado datos vinculados con presuntas irregularidades en el sector sanitario nacional. Este episodio generó inquietud pública porque Pinto mantiene bajo su responsabilidad el Ministerio de Salud por delegación presidencial.
Contexto del error de María José Pinto ante Comisión Anticorrupción
La Comisión solicitó información sobre posibles irregularidades en el sistema de salud. Sin embargo, la respuesta enviada indicó que la Vicepresidencia “no tenía competencias” en el tema. Esta contestación provocó cuestionamientos directos, especialmente porque Pinto actúa como ministra encargada y forma parte del Comité de Salud Pública. Germán Rodas, representante de la Comisión Anticorrupción, señaló que la respuesta parecía una forma de evadir responsabilidad. Incluso preguntó si Pinto ya no ejercía sus funciones delegadas.
Ante la polémica, Pinto afirmó que, aunque la Vicepresidencia no maneja directamente esos datos, la respuesta emitida fue incorrecta. Reconoció que lo apropiado era solicitar de inmediato la información al Ministerio de Salud y luego remitirla formalmente. Explicó que el trámite ya está en proceso y que la documentación se está gestionando por las vías institucionales correspondientes.
Implicaciones administrativas y responsabilidades delegadas
La vicepresidenta recordó que, mediante decreto del presidente Daniel Noboa, asumió las funciones del Ministerio de Salud. Además, representa al Ejecutivo en el Comité Intersectorial para la Prevención y Reducción de la Desnutrición Infantil. Debido a estas responsabilidades, la respuesta equivocada generó mayor escrutinio, pues se esperaba una reacción ágil y articulada. Este incidente resalta la importancia de la coordinación burocrática en temas de alta sensibilidad pública, especialmente aquellos vinculados con transparencia y lucha contra la corrupción.
Reacciones y lectura institucional del caso
Posteriormente, Pinto reiteró que no hubo intención de ocultar información y que se trató de un error administrativo. Subrayó que su equipo ya recopila los datos solicitados. También resaltó que la gestión debe ser responsable, precisa y respetuosa con los procedimientos oficiales. La controversia expone desafíos estructurales en la administración estatal, donde la comunicación efectiva se vuelve indispensable para mantener confianza y legitimidad institucional.
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