Reforma sobre penas a menores divide a la Asamblea y genera críticas por su inclusión en ley urgente
La propuesta de endurecimiento de penas para adolescentes dentro de una ley económica urgente ha generado una fuerte polémica en la Asamblea Nacional. La iniciativa del oficialismo, incluida en la Ley de Integridad Pública, enfrenta cuestionamientos legales, políticos y éticos que podrían frenar su avance.
Primer debate y postura oficialista
Durante el primer debate del 16 de junio, la bancada Acción Democrática Nacional (ADN) ratificó su interés en aplicar un endurecimiento de penas para adolescentes que cometan delitos graves. El texto propone que menores de edad reciban medidas equivalentes a las sanciones penales adultas si los delitos exceden los 10 años de pena privativa de libertad. Además, no se permitiría su paso a regímenes semiabiertos, lo que limita su posibilidad de rehabilitación.
Oposición y legalidad cuestionada
Sin embargo, la Revolución Ciudadana (RC) advirtió sobre posibles «ilegalidades» en la incorporación del endurecimiento de penas para adolescentes dentro de una ley económica urgente. Según sus voceros, esta disposición vulneraría la unidad de materia y podría ser objetada por la Corte Constitucional. Pese a ello, el oficialismo defiende la constitucionalidad de la medida y su pertinencia frente a la creciente violencia.
Peticiones de debate especializado
Diversos bloques legislativos, como Pachakutik y el Partido Social Cristiano, han pedido que el endurecimiento de penas para adolescentes sea discutido en una reforma al Código de la Niñez y no en una ley urgente. Argumentan que este tipo de temas requiere análisis técnico, enfoque integral y tiempo suficiente para garantizar la rehabilitación juvenil. Dina Farinango, de Pachakutik, recalcó que sin políticas de reinserción social, la propuesta quedaría incompleta.
Diversidad de criterios en RC y propuestas alternativas
En la RC también hay voces divididas. Mientras algunos asambleístas, como Raúl Chávez, creen necesario debatir el endurecimiento de penas para adolescentes, otros —como Mireya Pazmiño— lo rechazan por centrarse en sancionar a los más vulnerables. Exigen que el enfoque principal esté en perseguir a los líderes de las bandas criminales.
Búsqueda de consenso para el segundo debate
A pesar de las diferencias, el oficialismo no descarta flexibilizar la propuesta en el segundo debate. Se evalúa mantener un endurecimiento de penas para adolescentes, pero sin igualarlas a las aplicables a adultos, y garantizando el respeto a convenios internacionales. Nathaly Farinango, de ADN, recordó la importancia de armonizar las reformas con tratados de derechos humanos suscritos por Ecuador.
Reforma penal también apunta a fiscales y abogados
El proyecto no solo plantea el endurecimiento de penas para adolescentes, sino que también amplía el delito de prevaricato a fiscales y abogados. Las sanciones contempladas van de 10 a 13 años para funcionarios judiciales, y de uno a tres años para abogados en libre ejercicio. Además, en ambos casos se prevé la inhabilitación permanente del ejercicio profesional.
Fuente: PRIMICIAS
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