Entre 2020 y 2023 emergió en Ecuador un grupo de compañías recién creadas que, en tiempo récord, se convirtieron en protagonistas de la exportación de oro. Manejaron más de USD 500 millones con estructuras frágiles, direcciones que no existen, accionistas sin trayectoria minera y pagos tributarios mínimos. El caso encendió alertas internacionales por el posible ingreso de oro de origen ilegal a circuitos formales.
El caso emblema: Soulmetals, de desconocida a top exportadora
Fundada en mayo de 2022 en Machala, Soulmetals no tiene web ni redes sociales y su domicilio registrado no pudo verificarse. Aun así, en solo siete meses de 2023 exportó USD 105,4 millones (1,7 toneladas), ubicándose como la sexta exportadora de oro del país y superando a firmas con décadas de operación. Por ese volumen pagó USD 169.336 en impuestos, muy por debajo de lo desembolsado por compañías tradicionales con mayores cargas operativas. Sus fundadores, Mercedes de Jesús Severino (con primaria) y Daniel Jaramillo (bachiller y mecánico), inscribieron la firma con USD 110.000 de capital; luego ingresó el empresario indio Jha Pawan Sachidanand —quien en 2023 transfirió USD 1,1 millones desde First Abu Dhabi Bank— y vendió su participación en mayo de 2024. Hoy los accionistas son los esposos César Ortega Loaiza y María Calle Durán, sin experiencia minera previa.
Direcciones que no aparecen y pedidos de información sin respuesta
Vecinos en las calles Arízaga y Palmeras, de la dirección registrada de Soulmetals, afirmaron no conocer la empresa ni ubicar la numeración indicada. Correos remitidos a las casillas oficiales rebotaron o no fueron contestados. Un patrón similar se repite en varias compañías del entramado: domicilios imprecisos o inexistentes y ausencia de canales de contacto verificables.
El mapa societario en El Oro: vínculos cruzados y escaladas vertiginosas
Soulmetals se conecta con Orocomin, cuya presidencia y gerencia también recaen en Severino y Jaramillo. Orocomin —creada en 2021— llegó al “top 10” de exportadoras: USD 81 millones entre 2022 y 2023, con USD 173.809 en impuestos; sus domicilios tampoco pudieron confirmarse. Sus fundadores, Luis Betancourt y Jonathan Mosquera, no tenían antecedentes empresariales; después ingresó el inversor Shah Gopalbhai Narendrabhai, con nexos en otras firmas del sector. También aparece Ekam-Minerals S.A., que hizo una sola exportación por USD 225.082 y pagó USD 421. Extra
Conglomerados y cifras que no cuadran
Otros grupos en la provincia de El Oro —Roha Ophir Minerals Rhom, Rockgolden y Southgold— exportaron en conjunto USD 136,5 millones y pagaron apenas USD 19.784. El caso más extremo: Roha Ophir declaró USD 55,89 en impuesto pese a vender USD 29,5 millones (la empresa alega cumplir la normativa y colaborar con los controles). Rockgolden exportó USD 66,4 millones y pagó USD 13.514; su dirección tampoco existe según verificación en campo. Southgold registró USD 40,5 millones en 2022 y pagó USD 6.214.
El tercer bloque: Minera del Llano Plaimining y Aldelmining
Minera del Llano Plaimining S.A.S. reportó USD 61,8 millones (2022–2023) sin pagar impuesto a la renta; Aldelmining S.A.S. vendió USD 41,7 millones en 2023 y pagó USD 6.771. Entre sus figuras aparecen Wilson Ochoa y Luis León (23 años, bachiller), mientras que el empresario con mayor recorrido es Jorge Durán, vinculado a varias firmas mineras. Las direcciones declaradas tampoco pudieron confirmarse con vecinos y referencias barriales.
Otros capitales llamativos y estructuras offshore
Balaji Metal Exports (Bameex S.A.S.), creada en 2021 en Guayaquil, exportó USD 13 millones con USD 74.771 de impuestos; fue fundada por un funcionario público y hoy su único accionista es un empresario de India con activos en concesiones locales. Rocadorada S.A.S., nacida en 2021 en Machala, exportó cerca de USD 90 millones y pagó USD 942; su oficina tampoco fue ubicada. En Gold Investment Gisa figura como socio mayoritario Go Mine LLC, incorporada en San Cristóbal y Nieves (Caribe).
La brecha tributaria: ¿mínimos legales o señales de evasión?
De 79 exportadoras de pequeña minería registradas por la autoridad (Arcom), al menos 10 creadas de 2020 a 2023 vendieron USD 529,7 millones y pagaron USD 445.838 en impuesto a la renta: apenas 0,08 % del valor exportado, con una firma que no pagó nada. A modo de contraste, Aurelian (Lundin Gold) exportó USD 995,9 millones (2019–2023) y pagó USD 93 millones (9,3 %). Expertos recuerdan que el Impuesto Temporal a la Renta (TIE) en minería es del 1,8 % de ventas —un piso que contrasta con lo efectivamente declarado por estas nuevas comercializadoras.
La alerta internacional: puerta de entrada del oro ilegal
La Organización de Estados Americanos (OEA) ya había alertado en 2021 que las empresas nuevas y de bajo control actúan como “principal punto de entrada” del oro ilegal hacia mercados legales, enmascarando el origen antes de vender a refinerías extranjeras. El modus operandi señalado incluye pagos desde el exterior, retiros en efectivo y “cheques de gerencia” canalizados por transportadoras de valores para diluir el rastro financiero.
Vacíos que lo permiten: controles, debida diligencia y beneficiario final
El patrón repetido —direcciones apócrifas, accionistas sin perfil minero, rápida escalada exportadora y baja tributación— sugiere fallas en:
- Verificación de domicilios y actividad real.
- Debida diligencia sobre origen del mineral y cadenas de suministro.
- Identificación del beneficiario final y flujos transfronterizos.
- Cruces en tiempo real entre aduanas, SRI, Arcom, sistema financiero y empresas de transporte de valores.
Fortalecer estos eslabones es clave para blindar la trazabilidad y la integridad fiscal del sector.
Impactos: economía local, reputación país y seguridad
La normalización de estructuras fantasma distorsiona la competencia (desalienta a operadores formales), erosiona la recaudación, favorece el lavado y eleva el riesgo reputacional del país ante refinerías y bancos corresponsales. A nivel territorial, alimenta economías ilícitas colaterales y presiona a comunidades mineras que sí cumplen estándares.
Lo que falta por responder
- Origen del mineral: ¿cuánto proviene de minería ilegal o de ilícitos transfronterizos?
- Red financiera: ¿quiénes son los proveedores, compradores y refinadores finales?
- Responsabilidades: ¿qué hicieron —o dejaron de hacer— los órganos de control ante alertas tempranas?
- Reparación: ¿cómo recuperar tributos omitidos y sancionar prácticas engañosas?
Recomendaciones de política pública
- Trazabilidad obligatoria “end-to-end” con tecnología (marcado, blockchains de custodia y guías electrónicas interoperables).
- Registro único de comercializadores con auditorías in situ, verificación domiciliaria y certificación de cumplimiento (KYC/AML).
- Reporte financiero reforzado: umbrales de debida diligencia, UIF activa y monitoreo de transferencias de/desde jurisdicciones de riesgo.
- Beneficiario final y partes vinculadas: divulgación pública y sanciones efectivas por ocultamiento.
- Control aduanero inteligente: perfiles de riesgo dinámicos y cooperación con países destino/refinerías.
- Régimen tributario y fiscalización: conciliación automática entre volúmenes exportados, liquidaciones de regalías e impuesto a la renta/TIE.
- Transparencia proactiva: data abierta de exportaciones, licencias y pagos, para escrutinio ciudadano y periodístico.
La “red fantasma” del oro exhibe una ingeniería de baja sofisticación formal pero alto impacto: empresas de papel, domicilios que se desvanecen, millones en exportaciones y una caja fiscal que apenas siente el paso del metal. El desafío es cerrar las grietas normativas y operativas que permiten que el oro circule más rápido que la fiscalización.
Fuente: EXTRA
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