La asambleísta Valentina Centeno, representante de la bancada oficialista Acción Democrática Nacional (ADN), reveló este martes 29 de julio de 2025 que al menos tres legisladores de su bloque político, así como algunos de sus familiares, han recibido amenazas de muerte. Estas intimidaciones estarían directamente relacionadas con el trabajo legislativo que han emprendido contra estructuras de crimen organizado. Además, tienen que ver con redes de corrupción enquistadas en instituciones del Estado.
Durante su intervención ante los medios en la Asamblea Nacional, Centeno manifestó que estas amenazas habrían sido enviadas a través de mensajes por WhatsApp. Estarían dirigidas a legisladores de diferentes provincias. Sin embargo, por motivos de seguridad, no se divulgaron los nombres de los parlamentarios afectados.
«No vamos a parar en la lucha contra el narcoterrorismo»
Centeno enfatizó que el bloque ADN ha asumido con valentía una postura firme frente a las economías criminales. También frente a actos de corrupción que afectan la institucionalidad del país. “Hemos tenido la valentía de presentar leyes que golpean economías criminales. Además, iniciamos procesos de fiscalización que buscan desmantelar redes corruptas enquistadas en distintas entidades públicas”, afirmó la legisladora.
Asimismo, declaró que se están tomando medidas preventivas y de protección. “Hemos iniciado gestiones con distintos ministerios para reforzar la seguridad y proteger la vida de nuestros asambleístas”, aseguró.
Se han presentado denuncias formales
La parlamentaria también confirmó que ya se han presentado las denuncias correspondientes ante las autoridades competentes. Estas acciones buscan garantizar no solo la protección de los legisladores, sino también dar seguimiento legal. Los hechos atentan contra la integridad de los servidores públicos.
Centeno finalizó su intervención con una declaración contundente: “Aquí estamos para luchar contra el narcoterrorismo y no vamos a parar”.
Un contexto de creciente violencia política
Esta denuncia se da en medio de un clima político tenso en el país, donde los esfuerzos de lucha contra el crimen organizado impulsados por el Ejecutivo y respaldados por parte de la Asamblea Nacional han generado reacciones violentas. El desafío principal del gobierno del presidente Daniel Noboa es identificar y frenar a los grupos armados ilegales. Esto ocurre en medio de un declarado conflicto armado interno.
La denuncia de Valentina Centeno pone en evidencia la vulnerabilidad que enfrentan los legisladores que se atreven a fiscalizar estructuras criminales. Las amenazas no solo afectan a los representantes políticos. Están representando un ataque a la democracia y al Estado de derecho. La respuesta del Gobierno y de las instituciones debe ser firme, garantizando seguridad y justicia. Se debe evitar que el miedo sea un freno para la función de control y fiscalización que la Asamblea Nacional debe ejercer.
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