El 25 de agosto de 2025, se emitió una resolución que declara en emergencia a la Autoridad Portuaria de Guayaquil (APG) por un período de 60 días. Esta medida surge como respuesta a un entorno de creciente violencia, provocado por organizaciones criminales que operan en la zona portuaria. La emergencia en Autoridad Portuaria de Guayaquil refleja una situación grave que ha escalado rápidamente.
Dos reconocidas navieras, Marks y MSC, han abandonado el puerto ante la falta de garantías mínimas de seguridad. Además, una tercera empresa del sector marítimo denunció amenazas de extorsión, lo cual ha intensificado la preocupación sobre la integridad de las operaciones portuarias.
Amenazas, extorsiones y el impacto en la infraestructura
La resolución oficial señala una inquietud especial sobre la seguridad del sistema VTS (Vessel Traffic Services), tecnología fundamental para el monitoreo del tráfico marítimo. Aunque se planifica la instalación de nuevos equipos de seguridad en los puertos a partir de septiembre, hasta el momento no se han asignado los recursos necesarios para implementar un cerramiento perimetral que proteja las instalaciones.
Toda la documentación relacionada con la emergencia en Autoridad Portuaria de Guayaquil ha sido publicada en la plataforma del Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP), donde se detallan los fundamentos legales y técnicos de la decisión.
Justificación legal de la declaratoria de emergencia
El documento fue firmado por Yula Asnic, gerente de la APG. En el primer artículo se califica la situación como “concreta, inmediata, imprevista, probada y objetiva”. En el segundo artículo se explican las razones de fondo: el peligro inminente que enfrentan tanto las personas como la infraestructura de la entidad portuaria.
Según el tercer artículo de la resolución, la emergencia en Autoridad Portuaria de Guayaquil se extenderá por 60 días desde la fecha de suscripción, es decir, desde el 25 de agosto de 2025. La resolución fue publicada oficialmente el 26 del mismo mes.
Contexto nacional: conflicto armado interno y crisis portuaria
El informe de gerencia que sustenta la medida contextualiza el problema dentro del conflicto armado interno que enfrenta Ecuador. El gobierno de Daniel Noboa ha declarado reiterados Estados de Excepción ante el avance del crimen organizado. Esta situación ha tenido repercusiones directas en sectores estratégicos como el portuario.
Un hecho alarmante ocurrió el 5 de agosto de 2025, cuando PSA Marine Ecuador Harbour Services, empresa que transporta personal operativo, informó a la APG sobre un intento de extorsión por parte de un grupo delictivo. Los criminales exigían pagos mensuales a cambio de seguridad. En caso de negativa, amenazaron con secuestrar a la tripulación y sabotear embarcaciones.
Esta práctica de extorsión, conocida informalmente como «vacunas», representa una amenaza directa para la operación portuaria. La situación se agrava por la falta de presencia militar suficiente, a pesar de que en febrero de este año se emitió el Decreto 520 para reforzar la seguridad marítima con patrullajes armados.
Consecuencias para el comercio y la economía local
La emergencia en Autoridad Portuaria de Guayaquil tiene implicaciones serias para el comercio exterior del Ecuador. La interrupción de actividades portuarias afecta directamente la cadena logística nacional y puede generar pérdidas económicas significativas. La retirada de navieras no solo pone en riesgo la operatividad del puerto, sino también la confianza internacional en la seguridad de los puertos ecuatorianos.
La continuidad de esta crisis podría poner en jaque las exportaciones, afectar empleos directos e indirectos, y aumentar los costos logísticos en el país.
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