La eliminación del subsidio al diésel en Ecuador marcó el fin de una era. Tras 51 años de mantener precios artificialmente bajos para este combustible, el Gobierno ecuatoriano puso en marcha una reforma que cambió de forma radical el modelo de subsidios. Desde el 13 de septiembre de 2025, el precio del galón de diésel pasó de $1,80 a $2,80. Esta variación ha generado efectos económicos y tensiones sociales de gran escala.
Este subsidio, vigente desde 1974, implicaba un alto costo fiscal. Según el Fondo Monetario Internacional (FMI), Ecuador destinaba el 1,8 % de su Producto Interno Bruto (PIB) al subsidio al diésel. Esto lo colocaba como el mayor subsidiador de diésel en América Latina después de Bolivia. A nivel mundial, el país ocupaba el puesto 13 en el ranking de naciones con mayor gasto proporcional en este rubro.
Ecuador abandona el ranking de los combustibles baratos
Con la eliminación del subsidio al diésel en Ecuador, el país salió del grupo de naciones con los precios más bajos para este combustible. Hasta septiembre, Ecuador era una excepción regional. Tras el ajuste, ahora ocupa el puesto 25 en el ranking global. Se aleja de países como Argelia (5,3 % del PIB en subsidios), Irán (4,8 %) o Sudán (4,2 %), que aún mantienen altos niveles de apoyo estatal al consumo de diésel.
Esta transición posiciona al país en una nueva etapa, alineada con recomendaciones de organismos multilaterales y la necesidad de ordenar las finanzas públicas. No obstante, los efectos sociales inmediatos —como protestas y paralizaciones del transporte— reflejan el delicado equilibrio entre sostenibilidad fiscal y estabilidad política.
El impacto fiscal: más de USD 1.200 millones liberados
El Ministerio de Finanzas estima que la eliminación del subsidio al diésel en Ecuador permitirá un ahorro anual de aproximadamente USD 1.200 millones. Esta cifra representa una oportunidad histórica para redirigir recursos hacia sectores críticos como salud, educación, infraestructura y programas sociales.
Según las autoridades, este monto equivale al costo de construcción de una hidroeléctrica de gran magnitud. También equivale a un incremento del 25 % en el presupuesto de salud. Esta redistribución busca mejorar la calidad del gasto público y atender necesidades estructurales postergadas durante décadas.
Sin embargo, este giro de política pública exige estrategias de compensación bien diseñadas y diálogo permanente con los sectores afectados. Especialmente, es crucial el diálogo con el transporte, uno de los más golpeados por el alza del diésel. El éxito o fracaso de esta medida dependerá en gran medida de su implementación progresiva. También dependerá de la credibilidad del Gobierno y su capacidad para gestionar conflictos sociales.
Fuente:
Más noticias:
Gobierno ha entregado $ 300 millones en incentivos a diferentes sectores
