La advertencia es clara y contundente: sin reformas urgentes, el sistema de jubilación del país podría enfrentar una crisis profunda que afectará a millones de ecuatorianos.
Una crisis que se agrava con el tiempo
El sistema de pensiones de Ecuador atraviesa una situación crítica. Según el economista Augusto de la Torre, integrante de la comisión de evaluación del IESS, el modelo actual se dirige “al precipicio” si no se realizan cambios estructurales inmediatos.
Las proyecciones actuales no solo confirman los problemas detectados en años anteriores, sino que muestran un panorama igual o incluso peor al previsto en 2023.
Un modelo insostenible desde su base
Uno de los principales problemas radica en la estructura misma del sistema. De acuerdo con De la Torre, cada jubilado llega a recibir hasta cinco veces más de lo que aportó durante su vida laboral, lo que genera un desequilibrio financiero grave.
Además, el sistema requeriría al menos ocho trabajadores activos por cada jubilado para mantenerse estable, una proporción difícil de alcanzar en un país con alta informalidad laboral.
Déficit millonario y uso de reservas
El panorama financiero es alarmante. En 2026, el déficit del sistema de pensiones alcanza aproximadamente USD 4.000 millones, sin incluir el área de salud.
A esto se suma la necesidad de utilizar reservas por más de USD 1.400 millones y desinvertir activos por cerca de USD 1.500 millones para cumplir con las obligaciones, lo que evidencia una falta de liquidez estructural.
Reformas urgentes sobre la mesa
Frente a esta crisis, la comisión de evaluación ha planteado varias propuestas para salvar el sistema:
- Ampliar los años de cálculo de la pensión de 5 a 20.
- Incrementar los sueldos de aportación de 12 a 14.
- Aumentar el tiempo requerido para jubilarse.
- Focalizar mejor los subsidios del Estado.
Sin embargo, estas recomendaciones aún no han sido plenamente consideradas en el debate político.
Decisiones que podrían agravar la situación
Expertos también han cuestionado medidas recientes, como el uso de fondos del IESS para otorgar créditos hipotecarios con tasas muy bajas. Según analistas, estas decisiones podrían poner en riesgo la sostenibilidad financiera del sistema al no cubrir ni siquiera los costos operativos.
Un llamado a recuperar la confianza
Más allá de los números, el desafío es también social. La falta de sostenibilidad del sistema pone en duda la confianza de las nuevas generaciones, que podrían no ver garantizadas sus futuras pensiones.
Sin una reforma integral, el sistema no solo enfrentará problemas financieros, sino también una crisis de credibilidad.
Fuente: Primicias
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