Se revela detalles a medida que se desentraña el expediente sobre el caso “Purga”. La fiscal general, Diana Salazar, presentó pruebas durante la audiencia en la Corte Nacional de Justicia (CNJ) el 4 y 5 de marzo, donde se abordó una acción de protección con medida cautelar relacionada con un contrato de repavimentación por $30 millones.
La Fiscalía sostiene que la jueza Fabiola G., expresidenta de la Corte Provincial del Guayas, habría solicitado la remodelación del piso de la Corte a cambio de emitir un fallo favorable en el mencionado caso. Mayra S., relacionista pública contratada por Pablo M., habría coordinado la selección e instalación del piso, financiado por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército.
Novedades sobre el caso “Purga”:
En el expediente, se encontraron conversaciones en WhatsApp Business entre Mayra S., funcionarios judiciales y “Andrés Militares”, presunto nexo con el Ejército. Las comunicaciones evidencian la preocupación de “Andrés Militares” por el avance del proceso y la intervención para obtener información. Supuestamente, Mayra S. recibió un depósito de $1.485 en su cuenta bancaria, destinado al pago de la mano de obra, según la Fiscalía.
Ruth S., la procuradora judicial del Cuerpo de Ingenieros, ejecutó el depósito; sin embargo, desde el CEE, se afirma que cualquier actuación en el caso “Purga” recae únicamente en la responsabilidad de los servidores implicados. El Cuerpo de Ingenieros del Ejército sostiene que Ruth S. fue desvinculada, según su versión, y especifica que formalizó su renuncia el 6 de marzo.
Diana Salazar señala a Elsy Celi, exvocal suplente del Consejo de la Judicatura, como la operadora en el caso. Celi renunció antes de que la Asamblea Nacional realizara un juicio político para remover al vocal titular Fausto Murillo. La comunicadora Mayra S. y el juez penal Guillermo V., otro de los procesados, tuvieron conversaciones que apuntan a posibles interferencias en el proceso judicial.
En resumen, el caso “Purga” involucra acusaciones de corrupción y manipulación en el sistema judicial, destacando presuntas dádivas a cambio de fallos judiciales favorables.
Otras noticias:
El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, ha sido sancionado con una multa de $9,200
