Han pasado más de doce años desde la desaparición de David Romo, un joven universitario que fue visto por última vez el 16 de mayo de 2013. La noche de su desaparición, David regresaba a su casa en Pomasqui, en el noroccidente de Quito. En el trayecto, abordó un bus de transporte público. A las 22:22 de ese mismo día, realizó una última llamada de 80 segundos a su madre, Alexandra Córdova. Habló en voz baja y, según relató su madre posteriormente, un hombre lo habría amenazado si levantaba la voz. Desde entonces, no se ha sabido nada más de él.
La lucha incansable de su madre
Alexandra Córdova ha sido la principal impulsora para mantener viva la búsqueda de su hijo y exigir justicia. Durante años presentó denuncias ante diferentes instituciones. Sin embargo, no se tomaron medidas efectivas en un inicio. No fue sino hasta el 2 de octubre de 2018 que la Fiscalía General del Estado (FGE) comenzó a realizar diligencias más concretas. Esas diligencias incluyeron la revisión de su teléfono celular. También incluyeron una declaración de reserva de datos impuesta desde mayo de 2015.
El caso no está cerrado, reitera la Fiscalía
En un comunicado reciente, la Fiscalía General del Estado dejó en claro que “el caso David Romo no se ha cerrado”. Amparada en el artículo 581.3 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), la institución sostiene que los casos de desaparición no pueden archivarse. Esta norma aplica mientras no se localice a la persona o se reúnan los elementos necesarios para imputar a posibles responsables.
Además, hay una tercera causa en curso. Esta está relacionada con el artículo 84 del mismo código legal. Dicha causa deriva de una denuncia presentada por Alexandra Córdova. Esta acción legal involucra a varios funcionarios del Consejo de la Judicatura, la misma Fiscalía General del Estado y la Policía Nacional. Ellos habrían actuado de forma irregular durante la investigación inicial del caso.
La revisión completa del expediente
En el marco de esta reapertura del caso, la Fiscalía ha ordenado una revisión completa del expediente. El objetivo es verificar todas las evidencias existentes y recabar nuevas declaraciones. Este proceso busca construir una hipótesis sólida sobre las circunstancias que rodearon la desaparición de David Romo.
Hasta el momento, no se ha podido establecer que agentes estatales hayan estado involucrados en una privación de libertad. Este hecho impide que el caso se clasifique formalmente como una desaparición forzada. Sin embargo, el expediente permanece abierto. La investigación se mantiene activa bajo los estándares internacionales aplicados a casos graves de violaciones a derechos humanos. Compromiso con estándares internacionales.
La Fiscalía ha asegurado que continuará aplicando dichos estándares internacionales para esclarecer el caso. Su objetivo es determinar tanto el paradero de David como las circunstancias exactas de su desaparición. Este compromiso forma parte de las obligaciones del Estado ecuatoriano en materia de derechos humanos. Especialmente en lo relacionado con personas desaparecidas.
Doce años de silencio e incertidumbre
El caso de David Romo ha representado una herida abierta para su familia y para la sociedad ecuatoriana. A lo largo de estos doce años, amigos, activistas, organizaciones sociales y ciudadanos en general han acompañado a Alexandra Córdova. Ellos apoyan su demanda por justicia y verdad. La esperanza de encontrar a David sigue viva, al igual que el clamor por una respuesta clara del Estado.
La reapertura del caso constituye un paso importante, aunque tardío. Este paso busca intentar desentrañar uno de los enigmas más dolorosos de los últimos años en el país.
Fuente: El Universo
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