El Gobierno de Ecuador impuso una multa de $900.000 a Progen, una empresa con sede en Estados Unidos, debido al incumplimiento de plazos en la instalación de equipos de generación eléctrica. Esta acción responde a la crisis eléctrica que afecta al país desde septiembre y forma parte de un esfuerzo gubernamental por garantizar el cumplimiento contractual y mitigar los efectos del déficit energético.
Sanciones y auditorías a Progen
El Ministerio de Energía y Minas anunció la penalización tras constatar retrasos en la instalación de generadores destinados a las estaciones de Salitral y Quevedo. Además, el Gobierno solicitó un “examen especial” a la Contraloría del Estado. Esta auditoría, iniciada el 13 de diciembre, abarcará todas las fases del contrato: desde la preparación hasta la ejecución y el pago.
Hasta ahora, se han recibido 23 equipos electrógenos capaces de generar 83 megavatios, y se espera que los transformadores y equipos auxiliares lleguen entre el 24 de diciembre y el 15 de enero.
Impacto de la crisis eléctrica en Ecuador
La crisis eléctrica en Ecuador tiene múltiples causas, entre ellas una sequía severa que ha afectado las principales centrales hidroeléctricas, junto con años de escasa inversión y mantenimiento en plantas termoeléctricas e hidroeléctricas. Según el Ministerio de Energía, cada hora sin electricidad provoca pérdidas de $12 millones.
El sector comercial también ha sufrido grandes perjuicios. La Cámara de Comercio de Quito estima pérdidas acumuladas de $7.500 millones desde septiembre.
Medidas gubernamentales para paliar la crisis
Para aliviar la situación, el Gobierno ha adquirido generadores que utilizan gas o petróleo, mientras avanza en la instalación de infraestructura en Salitral y Quevedo. Además, se ha comprometido a cesar los cortes de electricidad el 20 de diciembre. Sin embargo, siete grandes empresas industriales, incluidas dos mineras, seguirán sin energía durante los últimos días del año.
Manifestaciones y presión social
Los cortes de energía han provocado descontento social, con protestas de sindicatos, estudiantes e indígenas que incluso han exigido la dimisión del presidente Daniel Noboa. Esta presión social refleja la magnitud de una crisis que no solo afecta la economía, sino también la gobernabilidad del país.
La sanción de $900.000 a Progen y las medidas emergentes subrayan la urgencia de abordar un problema energético que ha dejado profundas repercusiones económicas y sociales en Ecuador.
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